Ecologismo
Sostenibilidad ambiental como forma de vida
El bosque, su fauna silvestre, sus árboles y los ríos tienen un valor sagrado para los habitantes mayas k’iché de Totonicapán, departamento ubicado en las tierras altas occidentales de Guatemala. [Louisa Reynolds para ADITAL] La extracción maderera en un radio de 2 km de las fuentes de agua está estrictamente prohibida, y si una familia […]
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El bosque, su fauna silvestre, sus árboles y los ríos tienen un valor sagrado para los habitantes mayas k’iché de Totonicapán, departamento ubicado en las tierras altas occidentales de Guatemala.
[Louisa Reynolds para ADITAL] La extracción maderera en un radio de 2 km de las fuentes de agua está estrictamente prohibida, y si una familia necesita talar un árbol para obtener leña, debe buscar el consentimiento previo de las autoridades indígenas comunales y sólo pueden talarse los árboles más viejos. La sanción por infringir estas reglas depende del tamaño del árbol que fue talado, y va desde la obligación de plantar cinco árboles hasta pagar multas de entre 500 a 800 quetzales, entre US$64 y $102.
Con el fin de asegurar la regeneración del bosque, en mayo de cada año las autoridades comunales distribuyen plantones de árboles de un vivero comunal para que cada miembro de la comunidad pueda plantar cinco árboles en un área de su elección.
La comunidad también observa reglas estrictas en cuanto al uso del agua de seis fuentes, situadas en medio del bosque, que alimentan los ríos Motagua y Salamá. Si una familia quiere construir una casa, debe obtener el permiso del comité local del agua, y está prohibido desperdiciarla en lo que se considera superfluo, como lavado de autos y motos. Sumado a esto, una de las seis fuentes hídricas se debe dejar intacta para asegurar que la fauna silvestre local tenga agua para beber.
Deforestación cero
Por lo tanto, no es de extrañar que Totonicapán tenga la menor tasa de deforestación en todo el país. Según una investigación realizada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, entre el 2006 y el 2010 la tasa promedio de deforestación en Guatemala fue de 1%, frente al 0.04% en el departamento de Totonicapán.
«El pueblo de Totonicapán no explota el bosque, sólo lo cuida. Esto es una herencia de nuestros antepasados”, explicó José Santos, presidente de los 48 cantones de Totonicapán.
La singular forma de organización comunal de Totonicapán se remonta a 1820, cuando el líder maya Atanasio Tzul encabezó una revuelta contra los excesivos tributos impuestos por las autoridades coloniales, compró el bosque de Totonicapán a la corona española y obtuvo los títulos de propiedad de las tierras comunales. Al día de hoy, los históricos títulos se guardan en un cofre situado en la sala comunal de Totonicapán, bajo la atenta mirada de dos guardias indígenas.
Desde la revuelta de Tzul, Totonicapán ha sido dividida en 48 cantones o alcaldías indígenas autogobernadas. Los habitantes de cada cantón eligen comités encargados de diversas cuestiones, como agua, recursos forestales, seguridad pública, mantenimiento del cementerio local y asuntos de familia. Los cantones son coordinados por una junta directiva con un presidente que es elegido anualmente por los alcaldes cantonales. El presidente actúa como mediador en conflictos de todo tipo que van desde disputas domésticas hasta causas penales y disputas entre las comunidades indígenas y las empresas de servicios públicos.
El servicio público no es remunerado, es obligatorio, y todos deben participar en un comité por lo menos tres veces durante su vida. Esta forma de autogobierno coexiste lado a lado con el sistema político oficial, aunque a veces surgen tensiones cuando los alcaldes elegidos a través del sistema de partidos cuestionan la legitimidad de los representantes indígenas.
El pueblo maya y el Buen Vivir
El académico maya Pascual Pérez, del Centro de Formación, Análisis e Incidencia Maya Kayb’alan, dijo que el modelo de autogobierno de Totonicapán y su énfasis en la conservación del medio ambiente es un ejemplo de cómo los indígenas de Guatemala practican el Buen Vivir, que esencialmente significa vivir en armonía con uno mismo, los otros miembros de la comunidad, la naturaleza y el entorno.
Pérez cita también la agricultura maya tradicional, que es 100% orgánica, como otro ejemplo de Buen Vivir.
«Desde hace 60 años se introdujo el fertilizante y los químicos para matar bichos pero nos hemos dado cuenta de que lo que hacen es empobrecer los suelos, se pierde la calidad nutritiva y la cosecha merma porque se necesita cada vez más dosis de químicos para poder lograr la cosecha”, explicó.
Según Pérez, la agricultura maya utiliza composta y abono elaborados con materiales orgánicos, tales como cañas cortadas, y los cultivos son equilibrados en términos de los nutrientes que necesitan. Por ejemplo, los frijoles y una variedad de calabaza conocida como ayote se plantan alrededor de los cultivos de maíz, o milpas, pues las leguminosas fijan el nitrato en el suelo y las plantas de calabaza generan sombra y humedad. Los agricultores indígenas también rechazan los monocultivos y cultivos genéticamente modificados.
La agricultura maya tradicional se practica en fincas como Ijat’z, ubicada en el municipio de San Lucas Tolimán, departamento de Sololá, que produce café orgánico, tiene un invernadero con variedades de plantas nativas y se especializa en la lombricultura y otras técnicas para la producción de abono orgánico.
Muchos productores mayas, dijo Pérez, han ido más allá de la agricultura de subsistencia y están exportando café y otros productos. Los indígenas, explicó, no están en contra del uso de la tecnología o el modelo impulsado por las exportaciones per se, siempre y cuando la agricultura sea orgánica y sostenible.
«Las características fundamentales de una economía solidaria son que lleva una alta producción comunitaria, impulsa la agroecología, y su fin primordial es la calidad de vida de los pobladores, la persistencia del campesinado”, dijo.
La creencia maya en la sostenibilidad del medio ambiente forma la base del proyecto de ley de Desarrollo Rural Integral, cuyo objetivo es mejorar la seguridad alimentaria mediante la democratización del acceso a la tierra. Fue presentado en el 2009, pero sigue estancado en el Congreso, pues los grandes terratenientes, que poseen el 70% de la tierra cultivable del país, temen que podría conducir a la transformación del modelo semifeudal de propiedad de la tierra en el país.
«Hay ejemplos dispersos [de la práctica del Buen Vivir]; lo que falta es la formulación de estrategias a partir de políticas públicas. El problema es que a los ministerios llegan operadores de las grandes empresas tradicionales”, dijo Pérez