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Solicitan criterios sociales al dar ayudas a la inversión en el exterior

La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi invitó ayer a Lakua a que incorpore criterios laborales, ecológicos y de derechos humanos a las políticas de internacionalización empresarial. Animó a que la acción exterior con empresas y la cooperación al desarrollo «vayan de la mano» en beneficio de la CAV y de los países donde […]

28 septiembre 2017

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La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi invitó ayer a Lakua a que incorpore criterios laborales, ecológicos y de derechos humanos a las políticas de internacionalización empresarial. Animó a que la acción exterior con empresas y la cooperación al desarrollo «vayan de la mano» en beneficio de la CAV y de los países donde se actúa.

La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, conformada por 80 entidades que trabajan en cooperación internacional, presentó ayer en Bilbo la primera investigación sobre la política de internacionalización empresarial del Ejecutivo de Lakua. El análisis constata que los únicos criterios por los que se apuesta son «el aumento de la competitividad y la rentabilidad de las empresas vascas». «Valores como el bien común, la justicia social, la equidad, el bienestar y la sostenibilidad no tienen cabida», lamentaron.

El estudio incide en que la marca Basque Country «es prácticamente ajena a criterios sociales, laborales, ecológicos y de derechos humanos». Se alerta también de que «la política de internacionalización no busca el bien común en los territorios donde operan las empresas, siendo su única meta el fortalecimiento de la inversión empresarial vasca». En ese análisis, citan los casos de México y Colombia, prioritarios para la política gubernamental, donde se producen continuas vulneraciones de derechos humanos.

La investigación constata que con los actuales parámetros no se satisfacen las necesidades de los países donde se interviene, «ya que los objetivos de internacionalización –insisten– se limitan al ámbito vasco, sin tener en cuenta las necesidades y prioridades de los países en los que operan las empresas, en muchos casos los mismos donde interviene la cooperación al desarrollo vasca».

«Notable contradicción»

No pasan por alto el «papel testimonial» que se obliga a jugar a sindicatos y movimientos sociales, mientras que se priman los objetivos del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad en alianza con las cámaras de comercio. Para las entidades sociales, los criterios que priman en las políticas de cooperación y los que lo hacen en la internacionalización empresarial «son antagónicos, por lo que la política exterior vasca del Ejecutivo muestra una notable contradicción».

Una de las conclusiones que se extrae es que las políticas públicas deben dar ejemplo, sustentándose en principios éticos y de interés general, de sostenibilidad, priorizando la defensa de los derechos humanos y el bienestar de las personas. «Solo dando ejemplo –subrayan– se podrá condicionar a las entidades privadas en su acción, para que el beneficio económico no se obtenga a cualquier precio». Un mínimo sería que el Gobierno asuma el marco internacional de derechos humanos como referencia jurídica y legal para el conjunto de la política de internacionalización.

Las ONG proponen crear un centro que evalúe las políticas

La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi cree interesante la constitución de un ente, que denomina Centro Vasco de Empresas y Derechos Humanos, que «analice, rinda cuentas y evalúe la política de internacionalización empresarial y dé seguimiento a la actividad exterior de las empresas».

Vistos los criterios meramente económicos que persigue las políticas públicas de internacionalización, las entidades que trabajan en el ámbito de la cooperación apuntan a la necesidad de que algunos agentes sociales se sumen a la estructura e iniciativas del Gobierno autonómico en coordinación con empresas y cámaras de comercio. «En las misiones diplomáticas, también sería aconsejable contar con una amplia participación social y sindical vasca», proponen.

La Coordinadora es consciente de que «no es un reto sencillo» cambiar la actual política de internacionalización, por lo que se ofrecen al Ejecutivo para colaborar. «La aplicación de estas recomendaciones –recogidas en el estudio del que darán cuenta en el Parlamento de Gasteiz– nos ofrece la posibilidad de diferenciarnos en positivo». Entienden que, de lograrlo, la acción exterior pivotaría sobre la defensa de los derechos humanos. A.G.

GARA

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