El próximo 9 de junio habrá elecciones al Parlamento Europeo y, aunque pueda parecer una cuestión “lejana”, de ellas dependen las legislaciones fundamentales en política energética de los próximos cinco años. De hecho, el 80% de la legislación española tiene origen en normativas europeas. En este último período legislativo, por ejemplo, se ha adoptado el plan REPowerEU, se han establecido los Planes Nacionales de Energía y Clima, la directiva de eficiencia energética de edificios y se ha hecho la reforma del mercado de la electricidad, lo cual tiene un fuerte impacto sobre las condiciones ambientales y materiales de nuestros territorios.

La reforma del mercado de la electricidad permitió abrir la puerta a que los Estados miembros puedan prohibir los cortes de suministro a las familias en situación de vulnerabilidad, pero en las siguientes elecciones sigue en juego avanzar hacia una política energética común que tenga como objetivo contribuir a la lucha contra el cambio climático, a la vez que garantizar un acceso universal a la energía. Ambas cuestiones son enormes retos que no pueden ser asumidos sin incorporar una profunda mirada (eco)feminista al sector energético; una mirada que no sea retórica y que implique que, de manera efectiva, y con firmeza, la transición energética solo es aquella que nos conduce hacia a un modelo que tenga como objetivo prioritario sostener vidas dignas, que funcione en base a los límites ecológicos y planetarios, y que sea democrático y participativo.

Sin embargo, el sector energético, en aras de la libre competencia, es uno de los más privatizados y de mayor concentración empresarial de la UE, dominado ampliamente por empresas integradas verticalmente como Endesa, Iberdrola o Naturgy en el caso del Estado español. Cabe tener en cuenta, además, que mientras las políticas paritarias empiezan a permear en algunos ámbitos laborales, en el sector energético hay un 78,4% menos de mujeres trabajando que en el resto de ámbitos, que representan solamente el 31% de las alumnas de grados de la rama de Ingeniería, industria y construcción. Además, en puestos de liderazgo del sector privado, las mujeres nunca han superado una representación mayor del 10%.

Por otra parte, una mirada feminista no implica solamente incorporar a más mujeres al sector y lograr la paridad formal. Implica transformar el modelo para que sea equitativo, justo, distribuido, transparente y democrático para todas. Así, son necesarios diversos cambios que deberán ser promovidos por el Parlamento que se forme en un futuro próximo.

Por un lado, es imprescindible revisar ciertas normativas como el Fit for 55 y el REPowerEU para que incorporen una mirada feminista que reconozca los impactos de la transición energética sobre determinados colectivos y proponga medidas concretas para mitigarlos. Para ello, sería adecuado que se pidiera a los estados miembros añadir un informe de impacto de género a sus Planes Nacionales de Energía y Clima y a los Planes Sociales para el Clima, que se deben entregar en junio de 2025.

Por otro lado, si bien se han hecho avances en el reconocimiento de la feminización de la pobreza energética, son necesarias medidas más contundentes para la erradicación de ésta, que establezcan claramente la prohibición de las desconexiones de suministro y la obligatoriedad de rehabilitación las casas en las que viven los colectivos más vulnerabilizados, a su vez más feminizados.

Es necesario conocer a fondo cuáles son los impactos de género de políticas como la energética, que atraviesan absolutamente todos los aspectos de la vida social, económica, de cuidados, etc. Falta desarrollar indicadores de género y recoger datos desagregados, promover formaciones en género y feminismo entre los y las trabajadores e integrar siempre la visión de los movimientos de base social en los procesos de elaboración legislativa.

Las próximas elecciones europeas del 9 de junio son una fecha clave para definir el futuro del sector energético europeo y, a su vez, cómo se llevará a cabo la transición energética en el Estado español. Queda un largo camino para lograr un sistema energético justo y no contaminante; un camino en el que los intereses corporativos harán lo posible para procurar una transición energética rentable para ellos mismos; es determinante pues garantizar que desde el Parlamento Europeo existan mayorías suficientes dispuestas a promover otro modelo verde y socialmente justo, es decir, feminista.