M. en A. José Luis Gutiérrez Lozano*

Inmersos en la lógica del pensamiento lineal que impone el sistema socioeconómico preponderante, resulta difícil pensar que los dirigentes de los países sumidos en la crisis financiera global puedan tener una respuesta coherente a su origen y, consecuentemente, a una solución. El problema que comparten los dirigentes que pretenden continuar en el poder, ya sea de forma personal o a través de su partido o ideología, es que no son capaces de hilvanar nuevos enfoques que permitan crear otra economía más justa y distributiva. Lo grave de su permanencia en la dirigencia gubernamental radica en que, aún presentándoseles una propuesta distinta para replantear el rescate económico, les resulta imposible salir de su encuadre tradicional para encontrar soluciones viables. Así le sucedió al presidente de México, quien al observar de forma equívoca, a finales del año pasado, bloqueó la Ley de Economía Social y Solidaria. Ya lo decía Albert Einstein: “Toda crisis genera oportunidades infinitas, si no seguimos los pasos que nos condujeron a ésta.”

Ya iniciadas las campañas políticas para sustituir al Poder Ejecutivo y Legislativo de México, aún hay trasnochados coordinadores de campaña que no entienden por qué no creemos en sus candidatos. En especial aquellos que repiten ese estribillo de “generaremos más empleos”, no tienen ya quién les crea. Visto que el “presidente del empleo” falló catastróficamente en ese renglón, la promesa que se torna cruel burla apenas llega, como bombardeo mediático, destruyendo esperanzas a todo lo largo y ancho del país. Si la actual administración no pudo cumplir tan anhelada meta, no resulta creíble que quien ofrece más de las mismas recetas neoliberales -eso sí, maquilladas como para una telenovela por el monopolio televisivo- pueda sacarnos del marasmo socioeconómico en que durante más de 30 años nos han sumido.

Las crisis que golpean a México y a todos los países del mundo, se manifiestan en varias dimensiones: económica, energética, hídrica, alimentaria y climática. Nunca antes se había manifestado de esta manera la magnitud y consecuencia del colapso económico y social del sistema civilizatorio. La precarización y el desempleo han sido componentes necesarios para alimentar la generación de ganancias, propia del modelo económico alrededor del cual se ha construido este sistema. Con la ganancia de algunos a costa del empobrecimiento de otros y la depredación medioambiental como norma para la acumulación, la solución a las crisis no estriba sólo en hacer crecer los indicadores de los agregados expresados en moneda –exportaciones, operaciones bursátiles, PIB, etcétera-, sino en reencontrar el sentido humano del propósito de la economía.

Afortunadamente, el 27 de marzo de 2012, el Senado de la República aprobó por unanimidad y por segunda ocasión la Ley de Economía Social y Solidaria. Su antecesora, habiendo sido aprobada por la Cámara Alta con la denominación de Ley General, fue remitida a la cámara de origen con observaciones del presidente, lo que impidió su publicación e implementación. La observación consistió en que el mandatario consideró que otras leyes ya contemplaban el objeto de esta nueva ley, cuando en realidad se trataba de un distinto enfoque hacia lo que, es evidente, no está funcionando de manera adecuada.

La ley contempla nuevas fórmulas para impulsar el emprendimiento, el empoderamiento, la autogestión de las personas y sus comunidades, así como la democratización de la economía. El tradicional enfoque de “hacer negocios” no es viable en el 98% de los emprendimientos del país, aquellos que son catalogados como Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas).

Parafraseando aquel viejo anuncio de popular medicamento, dado que un niño no es un adulto chiquito, no conviene suministrarle media dosis; un emprendimiento micro, pequeño o mediano, no puede ser tratado con la lógica de los negocios de las empresas mayores. Si bien todas las empresas trabajan en un ámbito que parece similar, el de la producción, las ventas, las finanzas, la promoción, etcétera, no operan bajo los mismos principios ni la misma lógica de supervivencia.

Para empezar, una empresa, una de esas que representa el 2% de las establecidas en el país, sobrevive en la medida en que resulta rentable para sus accionistas. “Empresa que no da ganancias, empresa que debe cerrarse”. Cuando los accionistas están al otro lado del mundo, no importa si la empresa tiene que talar bosques, desecar lagos o contaminar ríos; o si tiene que despedir a la mitad de sus empleados y mantener a los demás con una fracción de su sueldo. Lo importante es generar ganancias.

No es así con los emprendimientos que representan la gran mayoría de las entidades productivas del país. Si bien tienen que ser rentables, aun enfrentándose a los altos costos de adquisición de materiales por compras en pequeña escala, cuando las cosas van mal, simplemente no pueden autodespedirse. La gente que los opera, se mantiene de ese emprendimiento. Cuando pretenden usar sin reponer -como lo hacen empresas que no tienen arraigo local- las materias primas que toman del medio ambiente, comprometen su propia sustentabilidad y condenan a sus herederos a mayores penurias.

Este país, como todos los del mundo, requiere un marco legal que vele por el futuro del 99% de la humanidad que no dirige consorcios ni grandes monopolios. De allí que resulta oportuna y muy necesaria la Ley de Economía Social y Solidaria que ahora tendrá que ser votada en la Cámara de Diputados. Ojalá que no prive, al momento de hacerlo, la ceguera que ha impuesto el sistema preponderante sobre los ojos de los diputados de ambos partidos que, al frente del gobierno, en los últimos 30 años han privilegiado los negocios del capitalismo salvaje.

* Presidente de Fundación Ahora A.C., asociación que promueve la Economía Solidaria en la región centro-occidente de México con más de una década de trabajo.

Twitter: @josgutie