El 17 de octubre de cada año se celebra el Día internacional contra la pobreza y la exclusión social. No obstante, poco se suele hablar en este día acerca de la exclusión financiera, cuando es una cuestión estrechamente relacionada con la exclusión social, y que ya no solo afecta a personas de países en vías de desarrollo, sino que cada vez más la podemos encontrar también en nuestro país.

En ciencias sociales se entiende la exclusión social como una situación de desventaja que dificulta la integración de una persona o colectivo a algunos sistemas de funcionamiento social. Varios sindicatos y entidades sociales alertan que una de las vertientes, y causa, de esta lacra es la exclusión financiera, que preocupa severamente a las entidades de finanzas éticas. En este sentido, incluso el mismo Banco Mundial explica que, en las últimas décadas, además de ONG u otras instituciones de desarrollo comunitario, «las cooperativas han ofrecido servicios financieros que han ofrecido nuevas oportunidades a personas excluidas de este sistema».

El hecho que muchas personas queden excluidas del sistema bancario se debe de a menudo «a las distancias de viaje y los requisitos, complejas, que hay que cumplir para poder abrir una cuenta», según el Banco Mundial. En una publicación, la entidad argumenta que «a pesar de que las personas pobres puedan tener más problemas para acceder a servicios financieros, su necesidad de obtenerlos es superior que la de personas con más recursos», puesto que el acceso a la financiación podría «apoderar las mujeres, aumentar el consumo, las inversiones productivas, los ingresos y la productividad». Un 40% de las personas excluidas no ha recibido ningún tipo de remuneración o ayuda los últimos tres meses. Un 55% son mujeres.

Exclusión financiera en los países desarrollados

La exclusión financiera se da con datos más flagrantes a nivel mundial, y en especial en los países del Sur, pero también existe, a pesar de que de manera más moderada, a los países del llamado primer mundo. El Catedrático de economía Joan Ramon Sanchis explica que con la reestructuración bancaria se han cerrado muchas oficinas, «con el objetivo de eficiencia y productividad». Se queja que se han eliminado la mayoría de entidades del antiguo sistema de cajas, en beneficio de la medida y volumen de negocio de los bancos, que se han visto beneficiados.

Esto provoca que se prioricen criterios de productividad, ante la función social, y «ha dejado una parte de la población, generalmente la más vulnerable, sin acceso a servicios financieros», por ejemplo, 2,6 millones de personas en España están desatendidas financieramente, y un 40% de los municipios no cuentan con ninguna oficina bancaria, donde viven más de 80.000 personas. Sanchis concluye que «esta vocación de servicio común e inversión en proyectos sociales ahora se encuentra en las entidades de finanzas éticas y cooperativas», que se centran al combatirla a través de sus líneas de inversión, en todas sus facetas.

Reportaje completo en la web de Oikocredit Catalunya