Varios
En España aumentan las desigualdades y la privatización de las prestaciones sociales
El libro «Barómetro Social de España» evidencia las luces y sombras que refleja la realidad del Estado español al analizar el período 1994-2006. Los resultados del estudio son paradójicos. La fase expansiva de la economía española, iniciada a mediados de la década de 1990, ha supuesto efectivamente un fuerte incremento de la renta y el […]
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El libro «Barómetro Social de España» evidencia las luces y sombras que refleja la realidad del Estado español al analizar el período 1994-2006.
Los resultados del estudio son paradójicos. La fase expansiva de la economía española, iniciada a mediados de la década de 1990, ha supuesto efectivamente un fuerte incremento de la renta y el empleo. No obstante, según el informe, realizado por el Colectivo IOE y coeditado por el Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial) y Traficantes de Sueños, esta trayectoria dista mucho de haber sido «positiva y equitativa» en lo que a sus consecuencias sociales, territoriales y ambientales se refiere.
Mayor capital, menores rentas
La obra muestra que mientras el capital (inmobiliario y financiero) se ha más que duplicado (con un crecimiento anual del 8%) las rentas salariales se han estancado (con una reducción del salario medio del 2,4%). El Barómetro señala, además, que los sectores sociales más perjudicados son las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes no comunitarios.
También las desigualdades de ingresos y patrimonio se han ampliado, sobre todo a consecuencia del encarecimiento de la vivienda: los propietarios de suelo y promotores inmobiliarios se han enriquecido «desmesuradamente» a costa de endeudar a los compradores, que necesitan doble número de salarios para pagar un piso medio, lo que, según la obra, ha triplicado las deudas de los hogares.
Además, según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, aplicada en 2002 y 2005, el patrimonio medio de la cuarta parte de hogares más ricos era 41 veces superior al de la cuarta parte de hogares más pobres (el diferencial en 2002 era de 33, lo que supone un incremento de la desigualdad del 23% en sólo tres años).
Gasto público en políticas sociales
El «Barómetro Social de España» también analiza el gasto público en políticas sociales, que experimentó un gran crecimiento entre 1975 y 1993 (+12,4 puntos del PIB), ha retrocedido entre 1994 y 2005 (-3,5 puntos del PIB), alejándose de la media europea, mientras crecía la privatización de la sanidad, la educación, la vivienda y las pensiones. Esta tendencia, según la obra, tiene como principal efecto una dualización de los servicios y prestaciones, en perjuicio de los sectores sociales con menos recursos.
En cuanto al deterioro medioambiental, el informe denuncia que el modelo de producción y consumo ha dado lugar a un intenso deterioro del aire y el agua: la emisión de CO2 ha crecido tres veces más de lo comprometido en el Protocolo de Kioto; el consumo de energía ha crecido, en relación al PIB, a un ritmo doble que la media europea; y el uso de plaguicidas que contaminan la tierra y el agua ha aumentado en un 60%.
¿Ciudadanía politizada?
Al analizar la participación indirecta de la población en la política, a través de los procesos electorales, el informe señala que es elevada. Sin embargo, también aclara que sólo ejercita su derecho a participar directamente en asuntos públicos en torno al 20% de la población. Las diversas administraciones y los partidos políticos, en connivencia con los grandes grupos de poder económicos y mediáticos, acaparan la gestión de lo político.
Para concluir, la obra destaca que la consolidación de España como «país del Norte» se ha realizado en la frontera de mayor desigualdad económica y ecológica del planeta, aquella que separa Europa y África. En 2005 los pagos del servicio de la deuda externa desde el Sur hacia el Norte fueron 5,3 veces mayores que la ayuda oficial al desarrollo del Norte hacia el Sur, un diferencial que duplica el existente en 1994. El Barómetro denuncia que las empresas transnacionales españolas, apoyadas por la política exterior del gobierno (créditos FAD y CESCE), han contribuido cada vez más con sus inversiones a esa deuda externa del Sur.