M. en A. José Luis Gutiérrez Lozano*

Decir mentiras no es lo mismo que no decir la verdad. El presidente electo envió al poder legislativo un conjunto de iniciativas, que se suma a otras del PRD y PAN, para profundizar y mejorar el esquema de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas del país. Entre otras estrategias, se considera el fortalecimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) para homologar el derecho a saber, combatir la opacidad mejorando la ley de contabilidad gubernamental y crear una comisión anticorrupción.

En la conferencia impartida por el doctor Sergio López Ayllón en el Centro de Investigación y Docencia Económica –CIDE– Región Centro, a la que tuve el honor de ser invitado como comentarista, se analizaron las reformas legales que se estudian en la Cámara de Senadores. Con estas iniciativas se pretende fortalecer las capacidades y atribuciones del IFAI para garantizar y homologar el derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública, que hoy se vive de forma irregular por la calidad desigual de los órganos garantes estatales.

La sociedad mexicana debe trabajar aún mucho para eliminar las asimetrías existentes en los órganos garantes del acceso a la información de la federación y los estados en materia operativa. Pero más allá de este factor, se requiere profundizar en la esencia del concepto mismo de transparencia y rendición de cuentas.

Seguramente por la muy particular experiencia en países que posiblemente no se parecen al nuestro, los economistas Gary Becker y Joseph Stiglitz –premio Nobel 2001–, llaman “capitalismo de amigotes” a una estructura de favores, privilegios y nexos entre las autoridades y agentes privados o burocráticos, mediante los cuales, logran comprar voluntades. A los ciudadanos aún les queda muy lejana posibilidad de percibir con claridad qué relación existe entre un concepto como el anterior y la materia a la que se dedica el IFAI y los órganos garantes de acceso a la información en los estados. En una histórica sentencia –comentada hace unos meses en esta columna– la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero, cuando ordenó a la autoridad tributaria (SAT) dar a conocer los nombres de las personas a quienes esta instancia concedió la cancelación de créditos fiscales, estableció el fondo de la razón por la cual el gobierno debe rendir cuentas: “…para evitar la mínima suspicacia de los gobernados, en el sentido de que la cancelación de créditos … iba dirigida en beneficio de personas físicas y morales concretas, o porque dichas cancelaciones fueron resultado de ineficiencia, por decir lo menos, de las autoridades fiscales en cobro, lo cual no puede permitirse en un estado social democrático y constitucional de derecho”.

Aunque en la mayoría de los casos en los que se considera necesaria la transparencia tiene que ver el sentido de evitar suspicacias respecto al manejo de información o recursos, es necesario complementar con el concepto de eventuales ineficiencias de las autoridades. Resulta que a menudo, las ineficiencias quedan ocultas porque son las propias autoridades que podrían cometerlas, las que tienen la obligación de difundirlas.

Sirva este punto y aparte para dejar al lector expandir su imaginación hacia casos que recuerde donde alguna autoridad haya omitido decir la verdad completa respecto a la eficiencia de su función pública. Me referiré a la información estadística. La fascinante magia de los números sirve para decir muchas cosas que, sin ser mentira, no reflejan la verdad. Sucede sobre todo cuando se omiten metodologías de cálculo, criterios de comparación –matemáticamente conocidos como transitividad–, cambio en la base de cálculo y diversidad en la fuente.

En el año 1995 la economía mexicana sufrió un muy importante descalabro que implicó una caída superior al 8 por ciento en el ingreso nacional. Meses después, la base de cálculo para el PIB e ingreso nacional fue cambiada. En vez de tomar como referencia la estructura de producción del país del año 1980, se tomó la del año 1993. Con este cambio de base, se sustituyó la serie de datos de la producción e ingreso nacional, resultando que la caída de 1995 fue de sólo 5.9 por ciento. Es decir, primero nos dicen que de cada 100 pesos que teníamos en 1994, en 1995 nos quedaron 92 pesos, que perdimos 8 pesos de cada 100, y luego, que siempre no, sólo fueron 5.90 pesos.

Las series de datos más sensibles, después de los de las Cuentas Nacionales, que miden ingresos y producción, son las de los precios. Un simple cambio de base, puede corregir la imagen de un gobierno que no quiere parecer tan ineficiente en controlar la inflación. El sentir de la población resulta ser el mejor indicador, pero ésta se confunde cuando, percibiendo que ya no le alcanzan sus ingresos para vivir como antes, le ofrecen una cifra oficial de inflación muy baja. Esto sucede con un simple cambio de base, la forma en que se integran los precios sobre cómo se mide la inflación.

El dato sobre la “desocupación” en México, por ejemplo, es uno de los indicadores más interesantes en este aspecto. Sucede que cuando en otros países el desempleo llega a niveles del 25 por ciento, aquí nos reportan un 6 por ciento. Pero en realidad, estamos comparando peras con manzanas. Aquí es el índice de desocupación, allá, el de desempleo. Las formas de cálculo son distintas. En suma, razón tiene el poeta Ramón de Campoamor:

“En este mundo traidor nada es verdad ni mentira; todo es según el color del cristal con que se mira”.

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Twitter: @jlgutierrez

* Presidente de Fundación Ahora A.C., asociación que promueve la Economía Solidaria en la región centro-occidente de México con más de una década de trabajo.