Implicado en la creación de cooperativas como la que trata de desarrollar en Barcelona, cree posible avanzar hacia la soberanía energética. El jueves estuvo en Bilbo donde participó en una jornada promovida por el Instituto Manu Robles-Arangiz. 

Entrevista a Pablo Cortarelo, analista del sector energético:

Parece triste que se opte por otro modelo energético a raíz del agotamiento del petróleo.

Es un problema relacionado con el lenguaje. La transición energética es un término que emplean indistintamente quienes apuestan por ese modelo alternativo o por el actual.

Son estos últimos actores los que impiden de facto los primeros pasos de un nuevo modelo basado en la democracia energética, un acceso equitativo a la energía con unos patrones de producción y de consumo más respetuosos con la ciudadanía y el ambiente.

¿Podríamos decir que quienes controlan el sistema estarían secuestrando a las renovables?

Sí, en la medida de que las renovables que se han venido explotando, fundamentalmente la eólica, han tenido un patrón de organización parecido al sistema anterior, con una capacidad de centralización importante, unos esquemas de negocio bastante parecidos. El capital asociado ha podido realizar eso sin afrontar excesivos cambios y esperar unas tasas de retorno económico de la misma magnitud o no muy diferentes a las que estaban logrando. La batalla más peliaguda se encuentra abierta cuando por los cambios tecnológicos existe la posibilidad de descentralizar de una manera más efectiva a un coste razonable para diferentes actores que no han podido tener capacidad financiera para el acceso a producir energía y no solo a generarla sino llevarla a los puntos de consumo.

Para caminar hacia ese modelo más descentralizado, ¿el problema es de índole tecnológico?

No. Los costes de producción de la energía fotovoltaica, que es la que más se puede descentralizar o la que puede ser la base de ese modelo, tiene unos precios asequibles. La clave es quién lo controla. En la medida en que se separan del modelo de negocio tradicional de las grandes compañías, el poder energético considera que supone una amenaza que no pueden consentir y utilizan todos los medios que tienen en sus manos para intentar impedirlo. Endesa e Iberdrola han dado pasos, ofreciendo ofertas en la línea de controlar el autoconsumo.

¿Es una utopía la generación de energía limpia?

Desde un punto de vista científico no existe tal posibilidad en la medida que cualquier actividad industrial tiene un impacto. La cuestión es la graduación. Las tecnologías renovables, de pequeño tamaño y muy adaptables, tienen un impacto inferior a las grandes instalaciones que tradicionalmente se han venido desarrollando. El punto de análisis no es tanto si es limpia 100%, por decirlo así, o en la graduación de ese impacto. Es importante trasladar a la sociedad la realidad, ya que en muchas campañas de publicidad se intenta simplificar tanto que se termina hablando a la gente como si fueran seres no inteligentes.

Hay afán por transmitir la necesidad de generar mucha energía. ¿Existe un déficit?

En el Estado español existe más del doble de la capacidad de generación de la que fue necesaria en el momento en que más electricidad se demandó. Es verdad que una parte de esa energía no es gestionable, sobre todo la relacionada con la renovable. El afán por producir más energía tiene que ver con que quien ha controlado el sector le podía suponer una rentabilidad extra y una manera de competir con sus iguales.

Tenemos la sensación que el sistema es pura especulación, ¿cuál es el coste real de la energía?

Se ha producido una complejización del sector eléctrico y de todo lo que tiene relación con el precio que se acaba pagando por la electricidad. En el análisis de los pagos realizados al sector después de la liberalización, desde 1998 hasta final de 2013, hemos encontrado una serie de conceptos por los que pagamos dentro de la factura que no tienen sentido. Desde pagos relacionados con el sostenimiento de una industria como el carbón o la energía nuclear, que es una subvención encubierta, hasta los costes de transición a la competencia, otra subvención encubierta, como el pago por el alquiler de unos contadores que nunca han sido calibrados ni revisados, hasta unos pagos por capacidad cuando ya no era necesario invertir en capacidad extra, hasta la imposición del impuesto de la electricidad al termino fijo de la tarifa cuando está relacionado con la fabricación de bienes y no con este tipo de servicios. Además, el pago del déficit tarifario, que es una deuda asumida y reconocida a pesar de que no se conocen los costes reales de producción por que ni el Estado ni ningún ente tiene acceso a controlar los datos de producción real.

¿De qué cantidad hablamos?

En el periodo de 1998 a 2013, la suma de todos los pagos que consideramos no deberían estar en la tarifa supusieron 80.000 millones de euros, que en su mayoría han ido a parar a las compañías que se agrupan en Unesa, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Unión Fenosa, Eon y EDP. Estas cinco empresas, sobre todo las tres primeras, que acumulan prácticamente la totalidad del negocio del sector eléctrico español, se han llevado alrededor de 65.000 millones de manera, digamos, poco razonable, no voy a decir irregular porque es legal, porque el Estado lo ha reconocido, aunque desde un punto de vista social se podría considerar ilegítimo.

Respecto a Europa, ¿hay tanta diferencia de modelo?

Hay que tener en cuenta que en el Estado español se paga el precio de la electricidad más caro de Europa y es por esto. Las tecnologías de producción y demás no tienen nada que ver. De hecho, el sistema eléctrico español es uno de los que más renovables admite y son las que están reduciendo el precio en el mercado diario, que es el elemento fundamental que fija el precio, a eso se le añade el resto.

¿Qué papel pueden jugar los poderes públicos en cambiar esto? Las «puertas giratorias» están a la orden del día en el sector.

Ahora que estamos a las puertas de unas elecciones, uno de los miedos, por decirlo de alguna manera, que tiene el bipartidismo y el sistema político y económico español es que gente como Podemos, por ejemplo, puedan llegar a ocupar puestos de gobierno o de responsabilidad. No voy a decir que es en exclusiva por esto.

El poder público tiene capacidad en la medida de que quien lo ostenta tenga voluntad y mecanismos. Hasta ahora la voluntad no ha existido porque el sector ha sido constantemente rescatado por el Estado. El actual sistema no hubiera sido posible sin el reconocimiento y la actuación estatal reconociendo una deuda que no debía haber asumido sin saber el coste real de lo que les estaba costando a las eléctricas su actividad.

Las cooperativas parecen la solución. ¿No puede haber peligro de que con el tiempo se reproduzca el «problema»?

El problema que tiene el oligopolio no es solo la concentración de la propiedad sino las prácticas que se hacen con esa concentración que, por supuesto, no responden al interés social. El modelo cooperativo tiene algunas características que vacunan contra este tipo de problemas. En la medida que el usuario es también propietario no va a actuar en su contra.

Desgraciadamente las cooperativas actuales, por una cuestión de dimensión pero no solo, se encuentran en una situación en la que no pueden ofrecer un precio razonable, porque lo que entra dentro de la tarifa funciona de una manera determinada y fijada por el Estado para resolver los problemas de las grandes empresas. Las comercializadoras, que es donde actúan las cooperativas, no dejan de ser recaudadoras que se quedan una parte muy pequeña.

¿Pudiera haber un gesto, aunque mínimo, para potenciar el movimiento cooperativo?

Sí, nos encontramos con que el tramo de la distribución está prácticamente vetado de facto a nuevos actores. Y la distribución se encuentra en una situación extraña como que la empresa es la que tiene la potestad de cortar el suministro ante un impago. Realizan una tarea que debería efectuar el Estado, que es cortar el suministro de un bien básico como la electricidad a personas probablemente con bajos ingresos.

Son las que permiten el acceso de productores al sistema a través de su red, lo cual teniendo en cuenta la concentración oligopólica que hay, es un hecho bastante extraño, que un ente sea juez y parte, que Endesa, Iberdola y Gas Natural-Fenosa, tengan la posibilidad de decirte que no te conectan a tí que has hecho una inversión en una planta fotovoltaica.

Asimismo, llama la atención que en los desarrollos urbanísticos que se dieron como resultado de la burbuja inmobiliaria las redes de distribución fueran cedidas gratuitamente sin contraprestación. Teniendo en cuenta que se construyeron una cantidad de viviendas importante, en torno a un 15-20% de las que previamente existían, digamos que es un patrimonio que ha ido a engrosar el de las eléctricas. El ámbito de la distribución es el que concentra mayor opacidad y poder para las grandes empresas, porque es donde menos competencia tienen.

¿Cómo definiría el concepto de soberanía energética?

Es la capacidad de la gente común de decidir sobre las cuestiones energéticas; es decir, cómo transformar la energía y cómo quiere gestionarlo en todos los ámbitos. Lo deseable es que la energía se genere lo más cerca posible de los lugares donde se va a utilizar. Ahí estaríamos entrando en lo que podría considerarse autonomía energética más física. Lo más importante tiene que ver con el proceso de toma de decisiones que ha estado alejado de la gente común. En la medida que los puntos de producción y uso de la energía, la distribución o interconexión de todos esos puntos sea una realidad, la población va a estar mucho más cerca físicamente de esas infraestructuras y demandará más interrelación.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta ese movimiento?

Se trata de limitar el poder de quien lo ostenta ahora. Se han extraído rentas y recursos para beneficiar a grandes compañías. El cambio pasa por denunciar esas prácticas, auditar concreta y profundamente el sistema con una participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de lo que debía haberse pagado y qué no, y a partir de ahí, calcular cuánto no debía haberse pagado y establecer un sistema de recuperación para la población de esos recursos. Con esos recursos disponibles, se podría afrontar con más garantías la construcción de otro sistema.

Todo pasa por una profunda reforma normativa para democratizar el sistema eléctrico y a partir de ahí, permitir que el ciudadano participe de ese nuevo modelo. No únicamente de manera política por decirlo así, sino de manera concreta en los actores económicos que realizan eso, siguiendo la estela del modelo de las cooperativas actuales pero a una escala y con un nivel de profundidad mucho mayor. La gran experiencia que están teniendo las cooperativas ayuda a expandir una cultura energética democrática.

GARA