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REAS Euskadi se suma a la ILP de la dación en pago
A la dificultad histórica en el Estado Español para acceder a una vivienda digna por parte de amplios sectores de la población, con la actual crisis económica se suma el problema, cada vez más dramático, de la pérdida de la vivienda por motivos económicos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y […]
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A la dificultad histórica en el Estado Español para acceder a una vivienda digna por parte de amplios sectores de la población, con la actual crisis económica se suma el problema, cada vez más dramático, de la pérdida de la vivienda por motivos económicos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y 2011 se han producido casi 350.000 ejecuciones hipotecarias en todo el estado.
Ante los abusos de las entidades financieras ‐en gran medida responsables de la actual crisis económica‐ y la complicidad del Gobierno, que les da cobertura con una ley injusta que hace recaer toda la responsabilidad sobre la parte más vulnerable, a la vez que destina miles de millones de euros en ayudas públicas a la banca sin ningún tipo de contraprestación, es necesaria una movilización social que fuerce un plan de rescate para las miles de personas que se endeudaron, no para especular, sino simplemente para acceder a un bien de primera necesidad y a un derecho fundamental como es una vivienda digna.
Por ello, REAS Euskadi colabora activamente en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permita llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil, de manera que en los casos de vivienda habitual, las personas puedan liquidar su deuda con la entrega de la propiedad de la vivienda y empezar de cero, tal y como sucede en los Estados Unidos o, a través de diferentes procedimientos, en muchos otros países europeos. Es lo que se conoce como dación en pago, y precisamente porque 350.000 familias ya han sufrido el proceso de ejecución, la ILP propone que la regulación de la dación se haga con efectos retroactivos.
Es inadmisible que miles de familias se queden en la calle, a la vez que las entidades financieras acumulan miles de pisos vacíos. Por ello, esta ILP también propone la paralización inmediata de los procesos de lanzamiento en los casos de vivienda habitual y deudores de buena fe, dando la posibilidad a las personas ejecutadas de permanecer en la vivienda en régimen de alquiler social. Así, las personas afectadas perderán la propiedad de la vivienda pero podrán permanecer en ella por un periodo mínimo de 5 años destinando como máximo el 30% de sus ingresos.
Tenemos de plazo hasta el 31 de octubre para recoger las 500.000 firmas necesarias para que la ILP llegue al Congreso de los diputados, así que animaos a firmar! Podeis hacerlo bien en nuestra sede (Plaza Venezuela 1, 2º Izda-Izda, Bilbao) o en el resto de direcciones que aparecen en el siguiente link: