El derecho a la vida, la libertad y la seguridad es algo que muchos en el mundo dan o daban por sentado. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama estos derechos como universales, pero en la Franja de Gaza esta proclamación se hace añicos cada día, alguien diría desde el pasado 7 de octubre otros desde hace décadas.

En el transcurso del último año, más de 41,615 personas, principalmente niños y mujeres, han sido asesinadas por las fuerzas ocupantes israelíes, y más de 96,359 han resultado heridas en la Franja de Gaza. El genocidio del pueblo palestino ocurre ante la inacción de la comunidad internacional.

Lo que sucede en Gaza es más que una simple tragedia; representa un recordatorio desgarrador de cómo la ocupación israelí que desde décadas ha arrasado las vidas de millones de palestinos. Los gobiernos de ocupación persiguen una política expansionista caracterizada por la confiscación de tierras, la construcción de asentamientos ilegales, el bloqueo de Gaza y los constantes bombardeos.

A pesar de las resoluciones de la ONU, como la Resolución 242, que exigen la retirada de los territorios ocupados, Israel las ignora de manera sistemática con la aquiescencia de la comunidad internacional. Los esfuerzos recientes del Consejo de Derechos Humanos para condenar la violencia han fracasado en detener este ciclo de destrucción.

El conflicto se perpetúa, en gran medida, por el comercio internacional de armas. Israel es uno de los actores principales en este mercado global, con su industria de armamento valorada en miles de millones de dólares. Entre 2016 y 2020, exportó armas a más de 130 países, generando más de 7,200 millones de dólares en ventas anuales, siendo Europa uno de sus principales compradores. El informe La Banca Armada y su corresponsabilidad en el genocidio en Gaza, del Centre Delàs recientemente publicado así lo constata. Este documento aborda en profundidad la financiación de las empresas que fabrican las armas usadas en las masacres contra la población palestina, poniendo el foco en el negocio de los bancos y las empresas de armas que se están lucrando de la ofensiva israelí sobre Gaza

De acuerdo con Amnistía Internacional, gobiernos occidentales, incluyendo España, han continuado vendiendo armas a Israel, a pesar de las evidentes violaciones de derechos humanos. En 2023, España ha exportado material militar a Israel por un valor de 12.5 millones de euros, en contravención de sus propios marcos legales que prohíben la venta de armas a países en conflicto o donde se producen abusos a los derechos humanos. El embargo de armas, como indica el manifiesto “Por el Fin del Comercio de Armas con Israel”, es una obligación moral y legal que los gobiernos no pueden evadir.

Activismo y solidaridad

Ante la maquinaria bélica promovida por las élites económicas y políticas, el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) ha surgido como una eficaz forma de resistencia no violenta contra la ocupación. Fundado en 2005 por la sociedad civil palestina, el BDS ha logrado victorias significativas, presionando a grandes compañías como Veolia, Orange y G4S para que retiren sus inversiones de Israel.

En este contexto, el boicot promovido por el movimiento BDS, al que se ha unido REAS, no es meramente simbólico. Es un imperativo ético, una herramienta efectiva para oponerse no solo al comercio de armas, sino también para promover formas de consumo que no financien el genocidio y promuevan la defensa del derecho humano en el mercado internacional. Este boicot es una de las muchas formas en las que el movimiento global desafía las estructuras económicas que sostienen la ocupación y las violaciones de derechos humanos en Palestina.

El manifiesto “Por el Fin del Comercio de Armas con Israel” recuerda que España, como firmante de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, tiene la responsabilidad de poner un alto a este flujo de armas. Cada proyectil que no se vende y cada empresa sancionada es una victoria en defensa de la vida. Mientras Oriente Medio sigue en llamas y el conflicto se ha extendido a Líbano, Siria y Jordania, el compromiso con la vida debe ser más fuerte que nunca.

La solidaridad y los promoción de los derechos humanos también se refleja en la incidencia política y la presión coordinada hacia los gobiernos y la comunidad internacional. Esto incluye demandas como un alto el fuego inmediato y permanente, la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, el fin de la ocupación y del apartheid, así como la entrada de ayuda humanitaria. También implica la participación activa en movilizaciones como la huelga del pasado 27 de septiembre y las protestas y la marcha en Madrid convocadas por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) los días 5 y 6 de octubre, evidenciando cómo la sociedad civil puede exigir justicia.

REAS, como movimiento de la Economía Solidaria, se une a estos esfuerzos, comprometiéndose no solo a la transformación económica a nivel local, sino ejerciendo la acción en alianza con el movimiento internacional por la justicia global. Un movimiento que desafía las estructuras de poder que perpetúan la violencia y la explotación. La economía solidaria desafía estas dinámicas, promoviendo alternativas fundamentadas en la justicia y la cooperación. Parte de ese compromiso se manifiesta a través de las iniciativas de comercio justo, realidad que toma su origen de los movimientos de paz y de defensa de los derechos humanos de los campesinos del Sur Global y que extiende la solidaridad para construir puentes entre pueblos.

El capitalismo ha convertido la guerra en un negocio lucrativo. Las potencias mundiales continúan vendiendo armas y tecnologías de vigilancia a Israel, mientras que las multinacionales aprovechan los recursos de los territorios palestinos. Esta deshumanización es un subproducto de un sistema que prioriza el lucro sobre la vida. Por esto, más que nunca, los movimientos que defienden la vida, como la economía solidaria, son fundamentales. Este movimiento es parte de un contexto más amplio: una lucha global que rechaza el capitalismo destructivo y pone en el centro la sostenibilidad de la vida. En el reconocimiento de los Derechos Universales, no podemos aceptar que el genocidio en Gaza se normalice. Cada acción, desde el boicot a productos que financian el conflicto hasta las campañas de presión contra los gobiernos que comercializan armas, resulta esencial para mantener viva la esperanza. La economía solidaria, junto a movimientos como el BDS, aunque a veces parezcan pequeños frente a la magnitud del conflicto, son cruciales para reforzar un movimiento global basado en la justicia y la solidaridad. Porque sea un explotador o un genocida, tenemos la obligación de posicionarnos frente al opresor para celebrar el derecho a una vida compartida.

En una situación donde el conflicto en Gaza parece interminable, donde las resoluciones de la ONU no tienen efecto, y donde el comercio de armas sigue alimentando la violencia, la solidaridad internacional se vuelve esencial. Es urgente fortalecer iniciativas como el BDS, promover el comercio justo y ejercer presión sobre los gobiernos para que detengan las ventas de armas a Israel y rompan relaciones comerciales y diplomáticas con el régimen israelí.

En un contexto donde el conflicto en Gaza parece no tener fin, donde las resoluciones de la ONU quedan sin efecto, y donde el comercio de armas sigue alimentando la violencia, la solidaridad internacional se convierte en una necesidad. Fortalecer iniciativas como el BDS, ampliar el comercio justo y presionar a los gobiernos para detener la venta de armas a Israel y romper relaciones comerciales y diplomáticas con el régimen israelí es una tarea urgente.

Cada acto de solidaridad, cada producto boicoteado, y cada empresa que deja de lucrar con la guerra, es una victoria de la vida que prevalece frente a un sistema que busca destruirla. Con el pueblo palestino y los derechos humanos.