El 10 de septiembre hugo una comparecencia de entidades sociales en la comisión de Asuntos Sociales del Parlamento de Navarra, para promover una contratación pública sostenible, y el 17 de septiembre se presentó la Guía de Contratación Sostenible.

Tras estas iniciativas el Parlamento de Navarra aprobó ayer iniciar la modificación de la Ley de Contratos para que, a la hora de adjudicar un contrato público, se tenga en cuenta también una serie de “cláusulas sociales” como la adecuada atención a los colectivos más desfavorecidos en la nueva infraestructura.

La iniciativa, que había sido presentada por Nafarroa Bai, contó con el apoyo de PSN e IU y, finalmente, también de UPN y CDN, pese a que el Gobierno de Navarra había emitido un informe contrario a la toma en consideración de la reforma de ley. De hecho, los portavoces de ambos partidos pidieron la palabra para intervenir en el turno en contra pero, tras comprobar que el PSN sumaba sus votos a los de IU y NaBai, optaron por ponerse del lado de la mayoría. “Admito que lo obvio era oponerse, pero me han convencido los argumentos de Lizarbe”, justificó Juan Cruz Alli. Por parte de UPN, fue el parlamentario Jesús María Pajares, quien razonó el cambio de postura de su partido. “Nuestra oposición es a la redacción tal y como está hecha. Pero el fondo nos parece aceptable y no tenemos problema por votar a favor, sin perjuicio de que en el trabajo en comisión se termine de redactar correctamente”, anunció.

La iniciativa había sido presentada por el parlamentario de NaBai Ioseba Eceolaza, que recordó que la Administración Pública, que es la mayor contratista, “debe potenciar su capacidad de influencia en los ámbitos social, económico y medioambiental”. También Juan José Lizarbe (PSN) estimó que en la contratación pública no pueden priorizarse exclusivamente los aspectos económicos, sino que deben contemplarse también “los criterios de responsabilidad social”. Ion Erro (IUN), pese a considerar que la propuesta “tiene una mala redacción”, la apoyó “con el fin de avanzar en el objetivo de una compra pública sostenible”.