BURLADA, VILLAVA, ZIZUR MAYOR Y BERRIOZAR USARÁN UN CÓDIGO ÉTICO EN SUS CONTRATACIONES

Expertos de REAS trabajan con los técnicos municipales y ediles sobre criterios sociales

Se baremará en compras públicas la inserción de grupos desfavorecidos, la igualdad, medio ambiente y comercio justo.

pamplona. Cuatro ayuntamientos de la Comarca de Pamplona (Burlada, Villava, Zizur Mayor y Berriozar) se han comprometido a aplicar un código social y ético en su política de contrataciones, en plena crisis económica. Dos expertos jurídicos de la Red de Economía Alternativa y Solidaria trabajan codo a codo en la formación del personal técnico de estos ayuntamientos (secretarios, interventores, arquitectos, técnicas de igualdad…) así como de cargos públicos para la preparación o revisión de los condicionados que rigen las diferentes adjudicaciones de obras, suministros y servicios tanto de los consistorios como sus organismos autónomos (no personal). El servicio de asesoramiento, un proyecto piloto impulsado por REAS, cuenta con ayudas del Gobierno foral y con recursos de los propios ayuntamientos, y existen otros ayuntamientos en lista de espera que apuestan por una compra “verde, ética y social”. El factor sostenible abarca desde la adquisición de material de oficina hasta la contratación de un servicio como la atención domiciliaria. El trabajo implica además a “todo el personal” municipal que decide así desde una óptica “transversal” sobre contratos de diferentes áreas municipales.

La clave es establecer unos criterios a la hora de contratar a una empresa o un profesional. El término sostenibilidad engloba la inserción de colectivos desfavorecidos (discapacitados y personas en riesgo de exclusión), calidad en el empleo (temporalidad, salarios…), igualdad de género (conciliación de la vida familiar y laboral, igualdad salarial, más mujeres contratadas en sectores discriminados…), medio ambiente y comercio justo (tienen un sello y están en el mercado).

Significa mucho más que comprar aquel café donde el productor haya recibido un salario justo o maderas que garanticen una tala sostenible de bosques. La economía solidaria, alternativa al modelo económico actual neoliberal, introduce un elemento de “responsabilidad” en las contrataciones públicas y consigue que las administraciones más próximas al ciudadano no se limiten a seguir criterios “economicistas”. Esta gestión ética no encarece la gestión -lo único que puede ser más caro es la compra solidaria pero con otros réditos sociales, aseguran- y sí resulta más “eficiente” además de suponer una “inversión” a futuro, admiten sus responsables.

Existen por otro lado herramientas legales que las Administraciones Públicas disponen para empezar a incluir la sostenibilidad como criterio a la hora de realizar la contratación de bienes y servicios, tal y como ya se realiza ahora con el precio, la calidad o el servicio prestado, éste último criterio todavía predominante, además de respetar unos principios generales de transparencia y la libre competencia. “No se pueden introducir elementos que distorsionen el mercado pero se pueden introducir legalmente otros aspectos”, destaca Eliana Alemán. Precisamente una de las principales dudas de los ayuntamientos (todos ellos dirigidos por NaBai salvo Burlada, del PSN, en coalición con NaBai e IU) ha sido la de poder cumplir la legalidad y evitar posibles recursos en la puja entre empresas. “Además, en la medida en que se exija a las empresas, éstas van a ser más responsables, como ya está ocurriendo en Cataluña o País Vasco, más avanzados en esta materia. Y cualquier empresa, por muy grande que sea, puede ser ética si cumple unas condiciones, no estamos hablando de ONG o organizaciones sociales “, concluyen.

Un ejemplo de este modelo de contratación ha sido el Auditorio de Barañáin que adjudicó su servicio de limpieza el año pasado con un baremo que, en colaboración con REAS, introdujo valoraciones sociales. Gracias a ello optaron empresas a las que se exigía que utilizaran productos respetuosos con el medio ambiente y una política interna de contratación de integración de sectores desfavorecidos y mujeres, explica Mikel Artxanko. El reto de estas iniciativas es garantizar “compromisos de continuidad para que no dependa de vaivenes políticos.

inercia Hasta ahora las experiencias que ha habido hasta ahora de este tipo de contrataciones en los ayuntamientos han sido “muy esporádicas”. “Sí que ha habido inquietud e interés pero faltaba la parte técnica. También es verdad que muchos técnicos están desbordados de trabajo y de ahí la necesidad de ir poco a poco, con apoyo de profesionales”, precisan. La práctica habitual es que “en contratos menores se sigue una inercia por precio o por la empresa con la que ya se viene trabajando”. En relación a la tendencia de ir externalizando servicios -fundamentalmente sociales-, recuerdan que existen centros de inserción sociolaboral comprometidos con estos principios. Aclaran también a quienes son más reacios a este tipo de contrataciones que no se pretende “favorecer a determinadas empresas” sino “cierto tipo de comportamiento de empresa”: “Cualquier empresa socialmente responsable no necesita crear ningún centro de inserción social para tener personas excluidas o un convenio colectivo en condiciones”.

Una oportunidad para invertir en los sectores sociales desfavorecidos en crecimiento

2.484 personas obtuvieron la renta básica el año pasado en la comarca de Pamplona
Con la excusa de la crisis, en lugar de “fortalecer” lo social, se deteriora el empleo y las condiciones de vida

Contratos más dignos o compras del denominado comercio justo consiguen unos márgenes mínimos para los productores, y la disminución de otros más “especulativos” que se producen en el proceso productivo (muchos de ellos en países subdesarrollados), señala Eliana Alemán, de la Fundación Empresa y Solidaridad, quien por otro lado corrige el término “solidaridad” por “social”. A la sociedad le cuesta en realidad más dinero mantener una cobertura social de subsidios que fomentar la contratación de determinados colectivos sociales que, además, cotizan a la Seguridad Social y mejora el nivel de empleo. Y lo mismo vale si hablamos de extranjeros. “Se gana por todos los lados, tiene un efecto multiplicador”, precisa. “Debemos ser responsables de lo que sucede a nuestra sociedad, de la realidad social en la que vivimos, donde hay mujeres, jóvenes o extranjeros descolgados del mercado laboral”, agrega. Las cláusulas sociales no son además para los sectores más desfavorecidos. “La calidad del empleo y la igualdad es para todos”.

Como muestra, en sólo un año la demanda de renta básica en Pamplona ha pasado de 1.500 solicitudes (2006) a 1.941 (2007), mientras que las concedidas realmente fueron 1.577 (2.484 con la Comarca) el año pasado y 1.250 el anterior, lo que significa que hay “mucha más gente en situación de exclusión socia”.

“En los últimos años daba la sensación de que estábamos bien, han sido años de bonanza, sin embargo, los más desfavorecidos incluso han empeorado”, indica Mikel Artxanko, de la Fundación Auditorio de Barañáin. El último informe de Cáritas Navarra sobre la evolución de la pobreza en los últimos diez años así lo pone de manifiesto.

Desde REAS se reivindica un nuevo modelo económico que destierre el actual sistema neoliberal, y apuesta por “las personas no los beneficios o la viabilidad económica”. La banca ética (Fiare) es uno de los ejemplos. Con sede en el local que dispone IPES en el Casco Viejo, y vinculada a un banco popular italiano, constituye una alternativa a la banca tradicional sin ánimo de lucro.

La vivienda es otro de los campos más atacados por la era de la “especulación” y donde las viviendas protegidas se han pagado “el coste”, perjudicando a los sectores más desfavorecidos, mientras que en la libre no ha habido “un precio justo”, declara Gustavo Muñoz, secretario técnico de REAS. Propugnan que la vivienda social sea en alquiler para los sectores más empobrecidos, asignar una vivienda por familia, y una planificación a través de la administración, entre otras medidas. Añaden que “la sociedad ha fomentado un consumo irresponsable y superficial, y ha potenciado los grandes centros comerciales en lugar de los comercios de barrio”. “Con la excusa de la crisis se deteriora el empleo y las condiciones de vida de la gente”, añaden. Y les “preocupa” también que el Gobierno foral haya aplicado recortes importantes en políticas sociales, en cultura, educación o política lingüística en los presupuestos. “En momentos de crisis, hay que fortalecer lo social porque más necesidades va a haber”, apostillan.

El 16% del PIB se destina a contrataciones públicas

En la actualidad existe un marco legal en navarra que avala, sin exigir, ciertas “reservas” sociales.

“La administración tiene un enorme poder de decisión y gran influencia en el comportamiento de los ciudadanos y de las empresas. Y puede utilizar ese poder como ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien”, aseguran los miembros de REAS. A esta idea se añade que, en la medida en que el 16% del PIB se destina a la contratación pública en Navarra, se trata de una suma “considerable” que maneja la administración pública y que justifica que pueda regirse bajo criterios de “eficiencia” además de eficacia, indica Artxanko. “La Administración pública está demandando de los ciudadanos un comportamiento responsable y quién mejor que ella a la hora de dar ejemplo, añade Eliana.

Las cláusulas sociales en la contratación pública están avaladas de alguna manera por la ley foral de contrataciones de 1996. Dicha normativa establece mecanismos como las reservas de hasta un 20% para contratos concertados con centros especiales de empleo (que trabajan con personas con discapacidad), centros de inserción sociolaboral o entidades que trabajan en empleo social protegido. El problema es que la ley “no obliga a un mínimo”. La misma normativa establece unos “requerimientos sociales y medioambientales” en la ejecución de los contratos: Una vez elegida la empresa, garantizar que ésta tenga en cuenta a la hora de contratar mano obra adicional, que sean colectivos de inserción laboral, un porcentaje de mujeres, o contratos indefinidos. También la ley estatal del 2007, que traspone una directiva comunitaria, vincula estos fines sociales al propio “objeto de contrato”: La construcción de un polideportivo que vaya unido al fomento de la inserción sociolaboral.

Preguntados por los posibles recelos de las empresas al endurecimiento de los pliegos, responden que si ya existe la obligación legal de tener un 3% de empleados minusválidos, o sobre conciliación de la vida laboral y familiar; “si todas las empresas funcionan legalmente, un concurso de éstos no tendría porqué quedarse desierto”. Y si una empresa cumple estas cláusulas sociales para un Ayuntamiento, al final terminará trabajando igual con otros ayuntamientos y empresas”.

REAS pidió ante el Parlamento la implicación del Gobierno para que se cree una comisión interdepartamental que estudie dar más “vida” a la ley y fomente las contrataciones públicas sostenibles.