España sigue cultivando OMG a pesar de que los datos científicos, la realidad ambiental y las decisiones de otros estados de la UE van en sentido contrario

A mediados de enero, el Ejecutivo francés anunciaba la puesta en marcha de una moratoria sobre el maíz transgénico MON 810, el único que se siembra actualmente en la UE y cuyo cultivo el Gobierno de España ha tolerado hasta este mismo año.

Esta decisión, que implica que este cultivo queda provisionalmente suspendido en el país vecino, ha sido tomada después de varios meses de intenso debate social y político y como consecuencia de un documento entregado al Gobierno galo por la “Alta autoridad sobre transgénicos”. Los nuevos datos científicos y las incertidumbres tecnológicas y ambientales reflejadas en el documento han hecho que la única alternativa para un gobierno responsable haya sido impedir el cultivo de este maíz.

El ejecutivo de Sarkozy se ha acogido para ello a la “Cláusula de Salvaguardia” de la directiva sobre transgénicos 2001/18, prevista para aquellos casos en que un estado miembro disponga de datos según los cuales un organismo modificado genéticamente (OMG) constituya un riesgo para la salud o el medio ambiente. Cuatro países la tienen activada: Francia, Austria, Hungría y Grecia.

Los nuevos elementos científicos sobre el Mon 810 y, más genéricamente, sobre los maíces de tipo Bt, muestran una serie de consecuencias sobre el medio ambiente y la salud, como la kilométrica capacidad de dispersión del polen de estas plantas (reconociendo la imposibilidad de evitar la contaminación a otros agricultores, un argumento que Greenpeace lleva años manejando), la generación de resistencias en insectos plaga o los efectos tóxicos sobre varios tipos de organismos presentes en los ecosistemas.

Además, se aportan una serie de datos sobre insuficiencias técnicas y las cuestiones no resueltas, como el cambio en la caracterización molecular de estos maíces (el gen que se comercializa no es el que se aprobó en 1998), los impactos sobre los insectos polinizadores, la toxicidad a largo plazo sobre seres humanos, la persistencia de las toxinas producidas, etc.

La decisión permitirá a Francia trabajar para que los procedimientos de evaluación y autorización actuales de transgénicos en la UE sean realmente transparentes y antepongan el interés general al de las multinacionales del sector.

Por otra parte, recientemente el Comisario Europeo de Medio Ambiente ha propuesto la prohibición de dos maíces transgénicos por los riesgos que suponen para el medio ambiente (Syngenta Bt11 y Pioneer/Dow 1507).

El pasado 16 de enero, las organizaciones Amigos de la Tierra, COAG, Ecologistas en Acción y Greenpeace, con la colaboración de Científicos por el Medio Ambiente (CIMA), presentaron la “Declaración de personalidades y organizaciones de la sociedad civil sobre las aplicaciones de la biotecnología en la modificación genética de plantas, ante la amenaza que representan para la agricultura y la sostenibilidad. Democracia, precaución y medio ambiente”. Este documento cuenta con el apoyo de una gran representación de la sociedad, incluyendo investigadores, docentes universitarios, organizaciones profesionales agrarias, asociaciones ecologistas, de consumidores, de productores de agricultura ecológica, ONG de desarrollo y entidades privadas, entre otras.

Frente a las promesas de la industria de los transgénicos, esta Declaración denuncia los peligros e impactos de su introducción en el medio ambiente y en nuestros platos. El amplio apoyo social evidencia que los transgénicos son una cuestión que afecta al conjunto de la sociedad. La clase científica es una parte importante del debate y la sociedad en su conjunto es además quien debe tomar las decisiones que afectan a la agricultura, la alimentación, las aplicaciones de los transgénicos y el derecho a producir y consumir en libertad.

Las organizaciones promotoras de esta Declaración esperan que sirva para impulsar un debate fundamental como es el de la introducción de los transgénicos, que el Gobierno tome nota de la abrumadora oposición social frente a su imposición en la agricultura y la alimentación y que el Ministerio de Agricultura reconsidere su apuesta transgénica y oriente la agricultura española hacia soluciones ambiental y socialmente sostenibles.

No deja de sorprender a Greenpeace que mientras el gobierno conservador del mayor estado agrícola de la UE ha tomado esta decisión responsable, ateniéndose a informaciones científicas, el Gobierno de España sigue sucumbiendo al poder de los gigantes de la química y los transgénicos y sigue sin mostrar la suficiente valentía política como para situarse del lado de los intereses de los ciudadanos y del medio ambiente. Desde Greenpeace, consideramos que, a escasas semanas para el final de la legislatura, es el momento perfecto para que el Gobierno de España tome una decisión similar y anteponga los intereses de la sociedad y del medio ambiente a los oscuros intereses de las multinacionales agroquímicas.

Juan-Felipe Carrasco
Greenpeace