A apenas una semana del congreso de la Corporación Mondragon en el que decidirá su futuro, García Jané subraya la necesidad de un cambio en el mundo cooperativo

Jordi García Jané, miembro de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, impartió este pasado jueves en Donostia la conferencia La economía solidaria, laboratorio de innovacióndentro de una jornada organizada por el Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social -Gezki- de la UPV/EHU, responsable del Máster oficial universitario de Economía Social y Solidaria.

¿Qué quiere decir con que la economía solidaria es un laboratorio de innovación?

-Bueno, hay que comenzar diciendo que las formas mismas de la economía social y solidaria ya suponen en sí una innovación. De hecho, considero que la innovación social es más importante que la vinculada a la tecnología. En esta crisis que vivimos se está agudizando el ingenio y se ha puesto a mucha gente en la idea de construir otras formas de crear economía, que no son las que precisamente se han puesto en entredicho con la situación actual. Se están adoptando formas democráticas, sontenibles, solidarias y considero que esa es la verdadera innovación, salida del laboratorio de economía social.

¿Qué ejemplos existen de esa innovación?

-La banca ética es un buen ejemplo. Cualquier banco, por su naturaleza, debería ser ético pero si se juntan ambos términos suena a broma por el pasado reciente de las entidades financieras. Sin embargo, Fiare o Coop57 son evidencias de que se puede hacer una banca realmente ética. Continuamente se está innovando en ese ámbito, por ejemplo en los avales. Si una pyme pide un crédito con un aval a un banco comercial, se requiere que los propietarios de ese bien que garantiza el préstamo sean responsables solidarios. Coop57, sin embargo, ha rescatado los avales mancomunados, lo que supone que los avalistas responden únicamente en la parte que les corresponde, de manera que se evita que tengan que hipotecar su casa. Y eso hace que las empresas estén más enraizadas en su territorio, porque los avalistas -por ejemplo 50 personas que han avalado con 1.000 euros cada una-, se sienten vinculados a la empresa y viceversa. Fiare, por su parte, ha tenido la idea de crear grupos de activistas que difunden la banca ética y la apoyan.

En los últimos años se ha reabierto el debate sobre los modelos participativos en las empresas de capital, algo con lo que ya cuentan las de la economía social. ¿No cree que está yendo muy lenta la introducción de esa mayor democracia en las organizaciones?

-Por supuesto. Pero eso sucede porque, en realidad, capitalismo y democracia son términos contradictorios. La poca democracia conseguida en las organizaciones empresariales ha sido a pesar del modelo capitalista. Dentro de las empresas de la economía social y solidaria, la democracia, en cambio, va implícita; una persona, un voto. Ahora bien, la democracia y la participación pueden ser más intensas o más light. De todos modos, está claro que la forma jurídica no garantiza la participación en sentido amplio.

Y en lo que atañe únicamente a la economía social, ¿se desarrollan en ella ampliamente eson modelos participativos o en la práctica existen limitaciones?

-Depende del sector de actividad. Por ejemplo, no es lo mismo los servicios a las empresas que una empresa industrial o alimentaria. Y también según el tamaño, que puede ser crítico. En grandes cooperativas se está innovando porque se está dejando de concebir que la asamblea general es el centro de la vida participativa de la empresa, pues no se puede pretender que 400 personas en un polideportivo sean el centro de la empresa. Se requiere una dimensión más pequeña y para ello son necesarias reuniones previas a la asamblea con pequeños grupos; asambleas de cada grupo en cada localidad que se coordinen por videoconferencia; talleres de fin de semana para deliberar y decidir; etc. En definitiva, tratar de ser al mismo tiempo grandes y pequeños. Grandes empresas de la economía social, si se rigen en 2014 por unos estatutos de los años 80, es que algo falla. Ahora hay más formación, nuevos intereses…, por eso hacen falta nuevos modelos. Si se hacen dos asambleas al año y una reunión del consejo rector cada mes, acaba gobernando una tecnocracia.

¿Qué solución plantea?

-La creación de grupos cooperativos de segundo grado en los que cada cooperativa mantiene su autonomía pero en la que cada una se sienta partícipe del grupo. Sería lo mismo que, en el ámbito político, el modelo confederal, yendo de abajo a arriba, cediendo soberanía en ciertos aspectos. Se trataría de una confederación de proyectos, aprovechando sinergias.

Parece que la Corporación Mondragon, que dentro de una semana celebra su congreso extraordinario para decidir su futuro, se ha planteado ahondar en ese camino que usted comenta.

-Sí. Ese grupo cooperativo está en el momento de reconfigurar su modelo porque tiene muchas luces pero también muchas sombras, como cualquier proyecto que lleva más de 50 años y abarca tantas ramas de actividad. En el lado positivo está el hecho de que la Corporación Mondragon es un laboratorio vivo de economía social, de democracia participativa, y que ha creado una gran cantidad de empleo. En el lado negativo, por el contrario, hay que preguntarse hasta qué punto muchas de sus cooperativas se han ido deslizando hacia modelos tecnocráticos. Me llegó al alma la fotografía de los socios-trabajadores de Fagor Electrodomésticos saliendo a la calle indignados a manifestarse por la quiebra de la cooperativa, protestando contra unos empresarios que, en realidad, eran ellos mismos. Eso fue señal de que algo va mal en lo que respecta a implicación, participación, información… Insisto en que el modelo cooperativo debe repensarse a la luz de los modelos y circunstancias de 2014.

¿Ha puesto la quiebra de Fagor Electrodomésticos en entredicho el modelo cooperativo?

-Ciertos medios, cuando una cooperativa va mal, focalizan la atención en que es una cooperativa pero, proporcionalmente, han desaparecido muchísimas más empresas que pertenecen a la economía del capital. En estas últimas ha habido además una gran cantidad de cason de fraude, malversación de fondos, corrupción. ¿Cuántos ha habido en cooperativas? Desde luego, se las juzga con otro rasero porque en el fondo subyace la idea de que se ve mal que haya empresas con un modelo democrático y que este se pueda extender al resto de la economía.

¿Cuál debe ser el papel de los sindicatos en el impulso de la economía social? No parece que les gusten mucho los modelos participativos en los que pueden dejar de tener tanta presencia a la hora de decidir el futuro de los trabajadores…

-Si hablamos de los sindicatos mayoritarios, está claro que nunca han estado a favor de fomentar la economía social y solidaria. Esto ha ido cambiando poco a poco y ahora no son tan beligerantes como en el periodo comprendido entre los años 70 y 90. Actualmente hay por su parte cierta indiferencia, algo que tampoco es bueno. Hay algunos sindicatos, por contra, que fomentan las cooperativas agrarias y ganaderas y en Euskadi hay claros ejemplos. En ciertos países las centrales sindicales se han comprometido mucho más, como pueden ser Canadá en la zona de Quebec o Argentina. En el Estado español, sin embargo, los sindicatos no son favorecedores de los modelos participativos y no tendría que ser así. Deberían tener un papel relevante en el impulso de una mayor democracia en las empresas.

¿Y las administraciones? ¿Los impulsan realmente?

Se van percibiendo cambios. En general los partidos políticos en el Estado y la Unión Europea han visto a la economía social y solidaria como algo marginal, como una función paliativa en momentos de crisis, esto es, como algo anticíclico, para reducir el paro. Y además les produce cierto temor enfatizar los aspectos de democracia participativa y solidaridad. En cambio, en estos últimos años se nota que a nivel local se empieza a cambiar esa percepción de la economía social. Cada vez más los ayuntamientos tienen menos recurson y por eso están más abiertos a pensar qué papel económico pueden tener en la economía local. Y, por otro lado, la economía solidaria es ahora más visible que hace cinco años. Por eso, en Catalunya empieza a haber un acercamiento entre los dos ámbitos, el de la administración local y el de la economía social, para realizar proyectos conjuntos. Por ejemplo, no poniendo trabas administrativas a los proyectos empresariales de la economía social o cediendo para ellos espacios públicos que ya no se utilizan. O, también, entrando los ayuntamientos como socios colaboradores de una empresa de inserción social o de una cooperativa.