Confían en que se cumpla la reserva del 10% de contratos públicos a entidades sociales. Asociaciones, ONG, centros de inserción sociolaboral y empresas movilizan a 524 trabajadores y 974 voluntarios.

[ANA IBARRA. PAMPLONA] La crisis no sólo ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de determinadas capas sociales ante un modelo económico y de crecimiento insostenible e insolidario, sino que ha ampliado la brecha que separa al resto de la sociedad de los sectores más desfavorecidos. Ofrecer empleo a personas en exclusión, un consumo sostenible y ecológico, fomentar la igualdad de género y la equidad salarial o frenar el impacto ambiental en procesos productivos significa apostar por otro modelo de desarrollo donde las personas están por encima de los beneficios. Reconocer los fallos e injusticias de un sistema supone una oportunidad para administraciones, agentes económicos –la responsabilidad social empresarial– y para la propia sociedad de cambiar de rumbo.

En Navarra hay diferentes asociaciones, empresas y centros de inserción laboral que vienen trabajando desde años en esa ética social, una economía solidaria que no sólo tiene que ver con apoyo a sectores con problemas. Va más allá en su penetración solidaria. 524 personas contratadas, 974 voluntarios y un volumen de facturación de 21 millones de euros les acredita como entidades sin ánimo de lucro que trabajan y sobreviven ante los malos tiempos. Son 36 empresas, ONG y asociaciones que reivindican la economía como medio y no como fin, al servicio del “desarrollo personal y comunitario”.

La red de Economía Alternativa y Solidaria afronta además nuevos retos en este periodo de recesión y se muestra expectante ante el compromiso asumido por el Gobierno de Navarra de adjudicar el 10% de los contratos públicos a entidades de carácter social, una medida anticrisis aprobada el pasado mes de diciembre y dirigida a favorecer el apoyo a los discapacitados y otros colectivos de personas con riesgo de exclusión social. Queda ahora ver cuál es su puesta en práctica.

“Del paro a la exclusión se llega a través de un proceso no muy largo sin trabajo, no es tan difícil”, admite Para Eliana Alemán, abogada y miembro de la fundación Gizakia Herritar (comedor París 365). A su juicio, la ley foral del 2006 sobre contratos públicos ya contempla la posibilidad de que las administraciones reserven hasta el 20% de los contratos, aunque la realidad es que salvo algunas experiencias en ayuntamientos de la comarca (Burlada, Zizur Mayor, Villava y Berriozar) no existen reservas de este tipo en las administraciones foral y local.

Para Carlos Rey, de la Fundación Gaztelan, entidad que se dedica a inserción laboral y apoyo a la creación de empresas, ésta es una oportunidad de oro para que las empresas no sólo hagan puro “márketing”, para que las administraciones apuesten por criterios sociales y medioambientales, y para que el sector social “genere empleo en todo tipo de actividades”. De hecho, desde Gaztelan se ha demostrado que la “economía solidaria puede cubrir demandas sociales insatisfechas” y en este sentido menciona la creación de nuevas empresas de atención domiciliaria como Transforma, una de mensajería o el albergue de Beire. A su juicio, los sectores más vulnerables son en este momento mujer e inmigración, gente “que ya estaba desprotegida en la sociedad y ahora lo está mucho más porque las posibilidades de tener empleo son mucho menores”. Admite además que falta apoyo financiero desde las administraciones públicas para apoyar proyectos como los que llevan a cabo los Centros de Inserción Laboral. “Se nos están reduciendo las posibilidades desde el Servicio Navarro de Empleo y desde Asuntos Sociales”, cuestiona.

POLITICA SOLIDARIA. La realidad demuestra que hay muchas razones para creer en este tipo de entidades, reconocen sus responsables. De hecho, la crisis afecta menos a las empresas de economía solidaria. Las diferencias salariales no son importantes y los trabajadores cobran 6.800 euros por encima del Salario Mínimo Interprofesional, unos 12.812 euros. “Se gana menos pero se mantiene empleo, por ejemplo la política de Traperos de Emaús ha permitido mantener el nivel salarial, sin apenas subidas, pero reforzando el número de empleos”, admite Gustavo Muñoz, secretario técnico de REAS y coordinador de la auditoría social a la que se han sometido un total de 18 entidades, un minucioso test deontológico dentro de su apuesta por potenciar “la calidad, la coherencia y la transformación social”.

EQUIDAD. Las entidades auditadas gozan de una “alta correlación” entre el número de trabajadoras y los porcentajes de mujeres en puestos de responsabilidad y de dirección, “mucho mayor al existente no solo entre las empresas de la economía convencional sino también entre las empresas de la economía social” según los resultados del estudio. El 62,55% emplea a mujeres, y el 49,64% es el porcentaje de mujeres en órganos de gobierno.

En el tema del empleo, existe una horquilla salarial de 1,6 a 1 entre el salario más alto y el más bajo. Hace años dentro de grupos cooperativos se “debatía los márgenes 7 a 1, y que en la economía convencional era normal encontrarse diferencias de 10 a 1 o más”. Además, durante el periodo auditado no se produjeron actos de conciliación y el clima laboral se consideraba como “bueno” (7,8 sobre 10). El principal problema laboral es la temporalidad, cerca del 50% motivado por dos razones: la contratación de personas en itinerarios de inserción sociolaboral, que obligatoriamente son temporales (contratos de tres años) y la dependencia de los proyectos que tienen las entidades sociales. En materia de medio ambiente, se reconocen avances pero por contra no se aplicado protocolos institucionalizados (certificaciones medioambientales) para mejorar los datos de emisiones de CO2. En el tema de cooperación, son entidades pequeñas pero tienen un alto nivel de vinculación en redes y foros públicos, lo que significa que “no están aisladas, pero en cambio queda bastante por desarrollar cadenas de valor comercial solidarias, a través del aumento de las compras y ventas entre las entidades”. Asimismo, como estructura “sin ánimo de lucro” es bastante parecida al del resto de las entidades no lucrativas de Euskadi o a nivel estatal, existiendo grandes diferencias de esa estructura si las entidades son ONG (más del 80% de subvenciones públicas), Centro de Inserción (29,56% de subvenciones), o empresa solidaria (menos del 5%).

A partir de la auditoría las entidades se han puesto manos a la obra a través de una comisión de seguimiento para mejorar posiciones y la idea es que la herramienta se vaya implantado en el resto de entidades. Una autocrítica a la que precede más de un año de trabajo (70 indicadores cuantitativos 230 encuestas cualitativas) con una metodología participativa y una web (www.auditoriasocial.net) para facilitar el trabajo.