El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy, en Consejo de Gobierno, el Decreto para la creación del nuevo Consejo de Economía Social de la región, un órgano consultivo y de participación por parte del sector en la toma de decisiones y diseño de estrategias en el ámbito de la economía social en Castilla-La Mancha.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha informado sobre la aprobación de este Decreto y sobre otras dos decisiones que han estado sobre la mesa del Consejo de Gobierno de hoy, como son la renovación del alquiler de la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en la Gran Vía de Madrid y la puesta en marcha del programa Internacionaliza Mujer, a través del IPEX.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera ha explicado que la economía social “es un sector muy importante en nuestra región, con una gran capacidad de vertebración de nuestros municipios y lugares”, y que el nuevo decreto “aprueba la composición y el funcionamiento del mismo, que había quedado obsoleto desde el año 2005, dotándolo de una actualización y mayor actividad”.

Las funciones del Consejo, que quedará constituido en un plazo de dos meses desde la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la región son de órgano consultivo, asesor y de colaboración para el diseño de estrategias y políticas dirigidas al impulso de la economía social en la región y estará presidido por la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo con la vicepresidencia de la persona titular del órgano competente en materia de economía social, en este caso la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social.

Además, el Ejecutivo autonómico contará con siete vocalías más, con personas competentes en materia de empleo y economía social en el caso de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, además de una persona competente en el ámbito del desarrollo rural, de la Consejería de Agricultura; otra en materia de servicios sociales, dependencia y discapacidad, de la Consejería de Bienestar Social; una persona de la Consejería de Igualdad, otra de la Consejería de Educación y otra más en representación de la Vicepresidencia de Castilla-La Mancha. Además, habrá nueve vocalías a propuesta de las confederaciones representativas de la economía social en el ámbito regional y dos vocalías más para sindicatos más representativos, dos más para organizaciones empresariales con mayor representatividad, una en representación de la UCLM y otra más por parte de la FEMP.

“Todos serán elegidos durante un plazo de cuatro años y articularán su labor en torno a los plenos y las comisiones permanentes que se marquen, además de aquellos grupos de trabajo específicos que se establezcan”, ha informado Patricia Franco.