La Asociación de Empresas de Inserción y Solidarias del País Vasco, creada hace pocos meses, aglutina a 42 de las cincuenta empresas de inserción vascas que trabajan en favor de la incorporación laboral de personas en riesgo de exclusión. En esta entrevista, Mari José Rodrigo, miembro de dicha Asociación, nos cuenta algunos de los aspectos más importantes de este sector.

La Asociación de Empresas de Inserción y Solidarias del País Vasco sólo lleva en funcionamiento unos pocos meses y aglutina a 42 de las cincuenta empresas de inserción vascas que trabajan en favor de la incorporación laboral de personas en riesgo de exclusión. Se trata de firmas empresariales cuyo objetivo fundamental es el sostenimiento de una estructura que permita crear puestos de trabajo en los que se puedan formar y cualificar estos colectivos, preparándoles para dar el salto al mercado laboral. Estas entidades han creado, desde 2004, 450 puestos de inserción y, de ellos, unas 300 personas han finalizado el proceso y se están incorporando a las empresas ordinarias.

¿Qué requisitos debe cumplir una empresa de inserción?

El principal objetivo debe ser facilitar la incorporación al mercado laboral de colectivos de exclusión. Deben estar participadas en un 51%, por entidades promotoras sin ánimo de lucro. Además, una vez pasados tres años desde la constitución de la empresa, el 50% de la plantilla debe estar formada por personas en proceso de inserción.

¿Cuál es el itinerario que siguen quienes entran en estas empresas?

Desde los servicios sociales de base, fundamentalmente, se deriva a quienes son susceptibles, por su perfil, de trabajar en alguna de estas empresas. Una vez valorado, se incorporan con un contrato de trabajo, en las condiciones que marca el convenio del sector de actividad de cada empresa. El tiempo máximo de permanencia en la empresa en puestos de inserción es de tres años, periodo durante el cual cuenta con el seguimiento y apoyo de un educador o educadora para su proceso de inserción social y laboral. Se realiza una tutorización para facilitar el tránsito a la empresa ‘ordinaria’.

¿De qué forma pueden contribuir las empresas ‘ordinarias’ a esta labor?

Empleando a estas personas, facilitando su inserción laboral; y también subcontratando a estas entidades, ayudando a su sustento empresarial.

¿Y la Administración?

De la misma manera. Una de las cuestiones que se ha trabajado desde el proyecto Lamegi, y se sigue trabajando desde la asociación, es el tema de
las cláusulas sociales y los mercados protegidos.

El Parlamento Vasco aprobó una proposición no de Ley que insta al Ejecutivo autónomo a que incorpore cláusulas sociales en el procedimiento de contratación y ejecución de contratos para empresas que faciliten la incorporación al mercado ordinario de personas en riesgo de exclusión social. De ahí va derivando al resto de las administraciones. Además, con la nueva Ley de Contratación, existe preferencia en la adjudicación de los contratos presentados para empresas de inserción o con fines sociales.

Y las empresas ‘ordinarias’, ¿cómo están respondiendo?

Una de nuestras metas es conseguir una interlocución con el tejido empresarial y social de mutuo conocimiento, para desarrollar alianzas que faciliten la contratación de estas entidades y la incorporación de estas personas a sus empresas.

¿Hay recelos?

En algunos casos sí, porque reciben subvenciones. Pero hay que recordar que son empresas sin ánimo de lucro, que no reparten beneficios, que tienen como fin la incorporación al mercado laboral de colectivos en situación de desventaja social o exclusión y que, cuando tienen a las personas formadas, debe facilitarles la inserción en otras empresas, incorporando nuevas personas con lo que los niveles de productividad no se incrementan. Somos un instrumento más de inserción laboral que integramos en el mercado personas formadas, con una experiencia y una trayectoria.