Varios
Dos tercios del territorio español soportan una contaminación del aire que incumple los estándares legales vigentes
Cerca de 46 millones de personas respiraron aire contaminado durante 2015 en el Estado español. El informe anual de calidad del aire de Ecologistas en Acción que ha presentado a principios de junio concluye que el 99% de la población y el 95% del territorio estuvieron expuestos a unos niveles de contaminación que superan las […]
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Cerca de 46 millones de personas respiraron aire contaminado durante 2015 en el Estado español.
El informe anual de calidad del aire de Ecologistas en Acción que ha presentado a principios de junio concluye que el 99% de la población y el 95% del territorio estuvieron expuestos a unos niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
La coyuntura meteorológica, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta gubernamental por las energías sucias en detrimento de las renovables, entre las causas de un problema que afecta a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos y espacios naturales.
El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 700 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español. Presenta datos exhaustivos de la calidad del aire, por comunidades autónomas y por sustancias contaminantes.
Entre sus principales conclusiones, destacan:
En 2015, se ha producido un aumento general de los niveles de contaminación de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono troposférico (O3) y dióxido de azufre (SO2), el primero desde el inicio de la crisis económica en 2008, lo que explica el sensible empeoramiento de la situación y la mayor población y territorio afectados.
El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación establecido por la Unión Europea. De acuerdo a esos niveles, el aire contaminado afectó en 2015 a 45,9 millones de personas en el Estado español, el 99% de su población, así como a 478.000 kilómetros cuadrados, el 95% del territorio.
Si se toman los valores límite establecidos por la normativa española y europea, más laxos que las recomendaciones de la OMS, la población que respira aire contaminado por encima de los valores legales es de 18,5 millones de personas, un 40% del total y tres millones de afectados más respecto a 2014; es decir, dos de cada cinco españoles respira aire que infringe los límites que marca la ley. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación alcanza 322.000 km2, un 64% del Estado español y 60.000 km2 más que en 2014; en otras palabras, casi dos tercios del territorio español soportan una contaminación atmosférica que incumple los estándares legales vigentes para proteger los cultivos y los ecosistemas naturales.
La principal fuente de contaminación en áreas urbanas, donde se concentra la mayor parte de la población, es el tráfico rodado. En determinadas áreas fabriles y en el entorno de las grandes centrales termoeléctricas de carbón y otros combustibles fósiles son estas fuentes industriales las que condicionan de manera decisiva la calidad del aire.
El ozono troposférico es el contaminante que presenta una mayor extensión y afección a la población, con unos niveles que se mantienen estacionarios o incluso al alza. Esto se debe al incremento de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor) durante el verano, como resultado del cambio climático. Durante el año 2015 los niveles de ozono aumentaron por el incremento del calor respecto a los de 2014, salvo en la cornisa cantábrica, de manera que la mayor parte de la población y el territorio españoles han seguido expuestos a concentraciones de ozono perjudiciales para la salud humana y vegetal.
Las partículas (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2) en el aire afectan a más de cuatro quintas partes de la población del Estado. Siguen, por tanto, siendo una seria amenaza para la salud, más ahora que durante el año pasado se interrumpió la tendencia a la baja de estos contaminantes que se inició en 2008, con la crisis económica.
Aunque el aumento de la contaminación del aire es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una mayor estabilidad atmosférica, hay señales preocupantes que advierten de que podemos estar asistiendo a un cambio general de tendencia, tras años de reducción de los contaminantes clásicos (partículas NO2 y SO2): el repunte del tráfico por carretera (el consumo de combustibles de automoción en 2015 fue superior al de los tres años anteriores), el fraude en los sistemas de certificación de las emisiones de los automóviles (conocido a partir del escándalo Volkswagen) y el aumento de la producción eléctrica en centrales térmicas de carbón, petróleo y gas, a costa de las energías renovables.
La contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer orden, tal y como se deriva del Informe elaborado por Ecologistas en Acción. Cada año se registran más de 25.000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire, de acuerdo a las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 32.000 millones de euros al año, un 2,8% del PIB español, según la OMS y la OCDE, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.
Las administraciones públicas arriesgan la salud de la ciudadanía y el pago de una multa millonaria por vulneración de la ley. La Comisión Europea inició, en enero de 2009, un procedimiento de infracción contra España por el incumplimiento de la normativa sobre partículas PM10 que está a punto de llegar al Tribunal de Justicia Europeo. En 2015, la Comisión ha abierto un nuevo expediente a España por los niveles de dióxido de nitrógeno.
La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.
Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire y los Planes de Acción a corto plazo para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en muchos casos, en particular los relativos al ozono, no existen, y en otros son inefectivos por falta de voluntad política. Estos planes son responsabilidad de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario además dar facilidades a la bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles y la reducción drástica de la generación eléctrica por centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón.
Descargar Informe: «La calidad del aire en el estado español durante 2015»
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