Red de Organizaciones de la Economía Solidaria proponen a los/as legisladores incluir en la Constitución de la República un Régimen Económico que reconozca y proteja al sector de la Economía Social y Solidaria

En la República Dominicana existen y han existido históricamente distintas formas de propiedad: a) la estatal que es patrimonio público, cuyo fin es el bienestar común y b) la privada, con fines lucrativos y de beneficios individuales y, c) la propiedad social o asociativa, de beneficios colectivos para sus asociados(as) y para la comunidad.

Esta última forma de propiedad y organización económica, marginalmente reconocida en la legislación dominicana, constituye la base de la economía social y solidaria, cuyos principios de solidaridad, primacía del trabajo sobre el capital y control democrático de la gestión, están orientados a la transformación y reducción de los graves efectos de los procesos económicos generadores de pobreza, inequidad social y de género, desempleo y deterioro medio ambiental.

La Economía social y solidaria aglutina a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras autónomas que se asocian como estrategia de supervivencia, producción y reproducción de sus vidas. Se organizan para generar mayores ingresos, produciendo y/o comercializando sus productos, gestionando servicios sociales y comunitarios, ofreciendo asistencia técnica y facilitando microseguros y microcréditos, todo ello en el marco de relaciones de cooperación y protección de los recursos naturales y la biodiversidad, a partir de sus propios medios de producción, recursos productivos y conocimientos.

El sector de economía social y solidaria realiza un significativo aportes a la economía y desarrollo social del país, a través de miles de millones de pesos generados en la producción y comercialización en productos de primera necesidad, la obtención de ciento de millones de dólares en divisas por la exportaciones agropecuarias de comercio justo, mediante la prestación de servicios sociales y comunitarios, así como la generación y protección de cientos de miles de empleos y autoempleos en todo el territorio nacional.

Las Organizaciones del sector de la economía social y solidaria de la República Dominicana, integrado por miles de empresas asociativas, cooperativas, grupos de ayuda mutua y auto-ayuda, mutuales, fondos rotatorios créditos, organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) y de servicios a terceros, comités de protección de cuencas, comités de ecoturismo local, de desarrollo comunitario,
etc., en el marco del proceso de reforma de la constitución de la República Dominicana, proponen que en el país se consigne constitucionalmente un Régimen Económico que reconozca las distintas formas de propiedad y de organización económicas existentes.

La ausencia de una normativa legal que reconozca al sector de la economía solidaria se traduce en desprotección de los derechos económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras autónomas asociados(as), quienes representan una significativa proporción de la fuerza de trabajo en la República Dominicana.

Las consideraciones aquí expuestas motivan a organizaciones de la Economía Solidaria a presentar las siguientes Propuestas de Modificación al Proyecto de Reforma Constitucional presentado por el Poder Ejecutivo y demandar de los y las legisladoras de la Asamblea Nacional que las mismas sean tomadas en cuenta en la discusión y aprobación de un nuevo texto constitucional apegado a los principios de igualdad, solidaridad, justicia social, pluralismo y democracia.

Demandamos una Constitución de la República que establezca:

• Un régimen económico plural que reconozca las diferentes formas de propiedad: pública, privada y social, así como las distintas formas de organización económica: privada, estatal, mixta, popular y solidaria.
  
• La distribución del ingreso y la riqueza, como garantía del desarrollo humano sostenible.
  
• La función social como el límite a cualquier iniciativa económica.
  
• La responsabilidad de todos los sectores económicos: público, privado y social, en el desarrollo económico nacional, tendente al incremento del bienestar social y al trabajo digno para toda la clase trabajadora.
  
• El fomento de la producción nacional como factor determinante en la garantía de la soberanía alimentaria.
  
• La protección estatal del derecho al trabajo y reconocimiento de todas las modalidades de trabajo: en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores, del campo y la ciudad.
  
• El deber estatal de fomentar y proteger la creación y el desarrollo de la economía solidaria, integrada por las cooperativas, las empresas rurales asociativas, los fondos de ayuda mutua, los fondos rotatorios de crédito, las empresas familiares y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro o el consumo.
  
• La garantía estatal a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad, factores de producción y mercados de trabajo, impulsando políticas especiales dirigidas a erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres en el ámbito económico.

Ver más información de la propuesta y las entidades que forman REDESOL en el archivo adjunto