La mayoría de los servicios y recursos destinados en nuestra Comunidad a la atención social de sectores tan significativos como las personas en riesgo de exclusión, los menores desprotegidos, las personas con discapacidad o las personas mayores con mayor o menor grado de dependencia se encuentran gestionados por asociaciones o entidades de iniciativa social que reciben, para ello, ayudas económicas de diferentes administraciones (departamentos del Gobierno Vasco; departamentos de las diputaciones forales; ayuntamientos y mancomunidades...). Existe, pues, de hecho, una colaboración entre lo público y lo privado, pero frecuentemente sin la clarificación o regulación que serían deseables.

Este informe trata de analizar a fondo y de manera global cuáles son las condiciones en las que llevan a cabo su labor las personas que trabajan en este sector, en asociaciones, fundaciones y demás entidades.