Con ocasión de la celebración el próximo 20 de diciembre de 2015 de elecciones generales, desde REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria queremos hacer llegar a partidos políticos, agentes sociales y a la ciudadanía en general, nuestras propuestas para la construcción de una economía más justa, democrática y sostenible. Particularmente emplazamos a las diferentes fuerzas políticas a que muestren su posición ante estas propuestas y a que las incorporen en sus programas electorales.                        

REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria es una asociación estatal independiente  que trabaja desde 1995 en base a la Carta de Principios de la Economía Solidaria. La red está actualmente compuesta por 18 redes, 14 autonómicas y cuatro de carácter sectorial (recuperación y gestión de residuos, finanzas éticas, comercio justo y energía renovable), que agrupan a más de 500 empresas y organizaciones. Estamos presentes en el ámbito internacional a través de RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria).

Un nuevo modelo político, social y económico es necesario

  • Impulsar un cambio en profundidad que reoriente las políticas sociales y económicas desde criterios de justicia y equidad, en el marco de la promoción de un desarrollo humano social y ambientalmente sostenible.
  • Resituar la economía al servicio de las personas, donde instituciones representativas, organizaciones sociales y la propia ciudadanía puedan incidir en el rumbo político y económico a impulsar, en pro de una mayor profundización democrática.
  • Paralización de leyes y regulaciones que están contribuyendo a la mercantilización de la vida y a colocar en manos del mercado capitalista servicios y bienes que debieran ser públicos y comunes (TTIP, fracking, racionalización de la administración local, energía, etc.).
  • Priorizar política y presupuestariamente, todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a garantizar la protección social y el bienestar de toda la población: educación, sanidad, empleo, vivienda, servicios sociales, inclusión social, etc.        
  • Mayor efectividad y firmeza en el desarrollo de planes y acciones que aseguren la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los espacios de la vida política, económica, social y cultural.
  • Compromiso firme con un modelo socioeconómico basado en la sostenibilidad ambiental. Promoción de sectores económicos y de producción no dañinos con las personas y el medio ambiente.
  • Combatir el fraude y desarrollar una política fiscal más progresiva y redistributiva, que permita el sostenimiento de los servicios que garantizan la cohesión y protección social.
  • Promoción de la participación ciudadana en el diseño y en la gestión de políticas públicas, defensa del derecho a decidir de los pueblos y de la ciudadanía, desarrollo de herramientas de control y transparencia en la gestión pública, eliminación de las restricciones legales a la protesta social y a la movilización ciudadana.

Economía social y solidaria para un desarrollo alternativo

  • Garantizar los derechos de las personas (humanos, sociales, económicos y culturales), así como la conservación y promoción ambiental, por encima de cualquier otra consideración de tipo económico ajena a los intereses de la mayoría de la población y del medio ambiente.
  • Promoción de la economía social y solidaria como contribución a la construcción de un nuevo modelo económico más justo y sostenible, a través del apoyo a la creación y sostenimiento de empresas de este ámbito, desarrollo de incentivos fiscales, fondos de avales y líneas de financiación específicas, etc.
  • Fomentar un modelo de emprendizaje social basado en el trabajo colectivo. Apoyar de manera específica el intraemprendizaje y la intercooperación entre entidades de la economía social y solidaria, así como la reconversión de otras iniciativas económicas.            
  • Incorporar en los programas de emprendizaje y en los planes de desarrollo local las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres, favoreciendo su acceso al empleo de calidad e incentivando la equidad en el reparto del trabajo tanto productivo como reproductivo.
  • Impulsar la actividad económica a través de la promoción de la gestión comunitaria y cooperativa de bienes y servicios comunes, con especial atención a las alternativas de derecho y acceso a la vivienda: cooperativismo con cesión de uso, vivienda social, etc.
  • Promoción de circuitos económicos alternativos, promoviendo la distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios locales, especialmente en el ámbito de la alimentación desde criterios de soberanía alimentaria. Incentivar el desarrollo de nuevas formas de intercambio: mercados y monedas sociales, consumo colaborativo y cooperativo, etc.
  • Incorporar en los espacios educativos contenidos y competencias relacionados con la economía social y solidaria y con la perspectiva ecológica y feminista. Promover el fomento del pensamiento crítico respecto al sistema económico, mostrando sus insuficiencias éticas y fomentando la investigación de nuevos modelos económicos que las superen.        
  • Desarrollar medidas de compra pública socialmente responsable en la modificación de la Ley de Contratos Públicos, a través de cláusulas sociales relacionadas con: el impulso de la inserción sociolaboral, la sostenibilidad ambiental y los circuitos de proximidad, apoyo a entidades no lucrativas y de economía social y solidaria, impulso de políticas de igualdad de oportunidades, comercio justo, garantía de condiciones laborales dignas, etc.

Un nuevo modelo energético

  • Elaboración y desarrollo de un plan integral de ahorro y eficiencia energética en edificios, transporte e industria.
  • En el ámbito de la movilidad, impulso del transporte colectivo, las iniciativas de economía colaborativa y la electrificación del transporte.
  • Despliegue masivo de generación eléctrica distribuida. Impulso del autoconsumo o autoproducción eléctrica con balance neto (que no incorpora peajes sobre la electricidad consumida instantáneamente).
  • Remunicipalización de las redes de distribución. Quien tiene el control de la red, tiene control sobre la energía, un bien y un derecho básicos. Aprovechar esta transición energética para vertebrar democráticamente las comunidades y que mantengan una monitorización permanente sobre la gestión.

Finanzas al servicio de la ciudadanía

  • Promoción y regulación de una gestión transparente y sostenible de la actividad bancaria. Control público y limitación de la actividad de la banca de inversión basada en productos financieros especulativos.
  • Impulso de medidas internacionales eficaces para la eliminación de los paraísos fiscales, así como prohibición de la actividad de intermediarios financieros que operan con estrategias orientadas a evitar el control público.                        
  • Eliminación de las ayudas públicas a la banca privada y establecimiento de contrapartidas sociales e intervención en la orientación de la actividad financiera de las entidades apoyadas en los últimos rescates.
  • Promoción de una banca al servicio de la economía real y de las necesidades de la población. Desarrollo de herramientas de finanzas públicas orientadas al impulso del desarrollo humano local, la promoción de la actividad económica social, el sostenimiento de la protección social, etc.
  • Apoyar sistemas de intermediación financiera cooperativos orientados a las economías locales y que promueven una ciudadanía comprometida con el uso responsable del ahorro y el reconocimiento del derecho al crédito.
  • Promoción y fomento de las iniciativas de finanzas éticas, alternativas y solidarias. Participación en la creación y consolidación, junto con las realidades de finanzas éticas y alternativas ya existentes, de nuevos circuitos de intermediación financiera que refuercen el impacto social de estas realidades.

Gestión de residuos para la sostenibilidad ambiental y social

  • Caminar hacia una economía circular y de vertido cero. Favorecer las políticas de prevención de residuos; la recogida selectiva que optimice la separación en origen de la materia orgánica; los sistemas de depósito y retorno; y la preparación para la reutilización, frente a otras vías de valorización y frente a la eliminación directa.           
  • Priorizar a las empresas de economía social y solidaria en el ámbito de la gestión de residuos a través del establecimiento de cláusulas sociales y reservas de mercado que favorezcan al sector por su valor social añadido asociado a la generación de empleo y a la inclusión social de colectivos vulnerables.            
  • Establecer una fiscalidad ambiental coherente con la jerarquía en la gestión de residuos: impuestos por generación de residuos, exención de IVA para los productos que han sido preparados para reutilizar y sanciones al vertido y la incineración. 

Cultura popular, libre y no mercantilizada

  • Promover una cultura de proximidad, donde las comunidades creativas ocupen el centro de las políticas públicas. Las infraestructuras han de ser entendidas como herramientas que hagan posible una cultura que nace y se relaciona desde la cercanía y no desde el mega evento.         
  • Defender un modelo que conciba la cultura como expresión social colectiva que enriquece la vida de las comunidades, aportando experimentación creativa, formas de resolución de conflictos y narraciones que crean otras formas de entender y estar en el mundo. Alejar esta concepción de la de industria cultural sometida a la dictadura de los balances contables.
  • Fomentar desde la EsyS nuevas formas cooperativas de organización que rompan con la precariedad, temporalidad y la competitividad, y que hagan de la democracia, la equidad y el cuidado del entorno biosocial parte esencial de su filosofía. Esto no significa que la cultura deba pasar obligatoriamente por formas monetarizadas o empresariales.        
  • Extender el uso de licencias libres, de uso obligatorio en todas las producciones culturales financiadas con dinero público, cuyas obras deberían pasar a dominio público, dentro de un banco de recursos gestionado como un bien común por las comunidades.

Por un mundo rural vivo

  • Retirada de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que supone una desamortización encubierta de los bienes comunales, (agua, bosques, cotos de caza, reservas micológicas) que son propiedad de las pequeñas entidades locales y pasarían a ser propiedad de administraciones públicas superiores como ayuntamientos o diputaciones.
  • Control público y del territorio sobre el agua y el acaparamiento de tierras para la agroindustria y la especulación, así como fin de las autorizaciones de extracción del subsuelo: ni fracking, ni prospecciones.
  • Desarrollo de bancos de tierras públicos y/o compartidos o gestionados por las entidades locales de economía social y solidaria.
  • Medidas positivas que apoyen el desarrollo de las zonas más deprimidas del medio rural, sierras principalmente, y que eviten la despoblación de esos pueblos y permitan a sus habitantes participar en la custodia de ese territorio.
  • Fomento de la agricultura local y ecológica. Protección de las rentas de las personas que se dedican a las actividades de producción en el campo y promoción de los circuitos cortos de comercialización.

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