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Santa Cruz de La Palma

Por Esther R. Medina en eldiario.es

El gerente de la Fundación Isonorte, Eduardo Calderón, demanda a Cabildo y ayuntamientos que cumplan la legislación y apliquen cláusulas sociales en la contratación de los servicios que externalizan.

Lleva desde los primeros años de la década de los noventa intentando mejorar la calidad de vida de los colectivos desfavorecidos de La Palma. “En aquella época, en torno a 1992, una remesa de trabajadores sociales palmeros empezamos a ocupar las plazas de los ayuntamientos del norte y en cada municipio nos encontramos con problemas similares que eran difícil de solucionar desde la perspectiva local”, recuerda en una entrevista con La Palma Ahora Eduardo Calderón, gerente de la Fundación Isonorte, una organización no gubernamental para la formación integral, promoción sociolaboral y cooperación para el desarrollo. “Empezamos a buscar alternativas de carácter más comarcal y desde la sociedad civil nació una agrupación que inicialmente tomó otra fórmula jurídica pero que después se convirtió en fundación tratando de hacer actuaciones comarcales y financiaciones complementarias para impulsar la formación, el empleo y la fijación de la población al territorio, porque en el norte la gente se va”, explica. 

Eduardo Calderón fue durante tres años trabajador social del Ayuntamiento de la Villa de Garafía y allí conoció a sor Josefa, la monja que dirigía la residencia de mayores de Franceses. “Ella me implicó en la atención a los problemas sociales”, asegura. “Fijar la población al territorio pasaba por dar formación y empleo a los colectivos que más dificultades tenían, los más vulnerables”, dice. 

Atención a la discapacidad 

La Fundación Isonorte gestiona los centros La Tisera en San Andrés y Sauces y La Traviesa en Puntagorda, que están concertados con el Cabildo y que prestan atención a personas con discapacidad. “Se hacen terapias de ajuste personal y social, tratando de desarrollar hábitos para que las personas con discapacidad funcional mantengan sus hábitos y adquieran algunas destrezas más para que puedan tener una vida normalizada el mayor número de años posibles, evitando que sean dependientes”, subraya Calderón, quien no oculta que “a los responsables políticos les ha costado ver la comarcalización de estos asuntos”. 

El Centro de Empleo Verde es otra de las iniciativas de la Fundación Isonorte y está orientado a la formación y el empleo. “Aquí se desarrolla uno de los proyectos más importantes que tiene la fundación, Incorpora, financiado por la Obra Social de La Caixa, un servicio de prospección laboral y asesoramiento gratuito a los empresarios para desarrollar su responsabilidad social corporativa”, detalla. “Cualquier empresario que quiera dar oportunidades a estas personas puede llamarnos, analizamos el puesto de trabajo y le ofrecemos una persona que se adecúe a sus necesidades de nuestra bolsa de empleo, integrada por personas que nos llegan remitidas por los servicios sociales y que han pasado por un proceso previo de formación, valoración y ajuste con los técnicos de la fundación”, señala. 

Por otro lado está Isonorte Empleo, que es “un salto más”. “Pedíamos a la sociedad que tuviera una responsabilidad social corporativa y que diera empleo a las personas con las que trabajamos, pero pensamos que nosotros como fundación también teníamos el deber de asumir el reto empresarial, y así nació Isonorte Empleo, una empresa de inserción calificada por el Servicio Canario de Empleo, de las que hay 10 en toda Canarias y 200 en España”, apunta Eduardo Calderón. “Es una empresa de tránsito donde la persona puede estar mínimo un año y máximo tres”, precisa. 

Generar empleo con recursos propios

En la actualidad, Isonorte Empleo da trabajo a 15 personas en las tres tiendas de ropa de segunda mano con que cuenta la fundación  (ubicadas en Santa Cruz de La Palma, Puntallana y Los Llanos), en la recogida de contenedores de ropa, en la granja de huevos ecológicos y en la planta de compostaje. 

Pero el principal reto que tiene Isonorte en estos momentos es que “las administraciones entiendan que hay una legislación que les obliga a hacer una reserva de mercado”, resalta. “A partir de la Ley 31/2015 de Promoción de la Economía Social, una normativa de rango nacional, todas las administraciones están obligadas a hacer una reserva de mercado, un porcentaje de todo lo que compren fuera están obligados a hacerlo con empresas protegidas y solamente tienen esa consideración las empresas de inserción y los centros especiales de empleo, y en eso estamos trabajando en La Palma con el Cabildo y los ayuntamientos, pero el proceso va lento, nos gustaría que fuera más rápido”, reconoce. “Las instituciones tienen que adquirir el compromiso de aplicar la Ley 31/2015 que les obliga a contratar un porcentaje de los servicios que externaliza a una empresa protegida, con eso se generaría muchísimo empleo para colectivos vulnerables en limpieza forestal, de cunetas o carreteras”, afirma. 

Isonorte viene demandando las cláusulas sociales desde 2010. “Sabemos que el Cabildo está trabajando para iniciar su aplicación, pero desconocemos cuánto tiempo tardará, y hay que generar empleo para colectivos de exclusión social, para esos 4.000 palmeros que están en situación de vulnerabilidad”, resalta Calderón. “Logramos que el Cabildo elaborara un estudio de exclusión social, que dice que La Palma tiene en torno a 1.000 personas en situación de exclusión, pero todo el mundo tiene familia y la familia media está entorno a cuatro personas, por lo que la exclusión puede afectar a unas 4.000 personas en la Isla”, indica. “De las 9.000 personas sin trabajo registradas en La Palma en torno a unas 4.000 están viviendo en una situación de riesgo”, sostiene. “Nosotros con medios propios somos capaces de generar 15 puestos de trabajo y hay 4.000 palmeros viviendo en situación de riesgo”, insiste. 

Apertura de nuevas tiendas de ropa

Entre los proyectos de la Fundación Isonorte se encuentran “abrir nuevas tiendas y ampliar el servicio de recogida de ropa”. “Cada español genera al año en torno 10 kilos de residuos textiles y eso multiplicado por 80.000 habitantes nos da 800 toneladas”, calcula. “Recogemos en torno a 100 toneladas al año, lo que quiere decir que quedan 700 por recoger, por lo que estamos trabajando con el Cabildo para ampliar la cobertura de contenedores a todos los municipios y también le hemos solicitado alguna de las instalaciones de la JTI en El Paso para abrir como mínimo una tienda más ”, adelanta. 

Eduardo Calderón admite que desde la Fundación Isonorte se ha avanzado mucho en la atención a los colectivos desfavorecidos, pero es consciente de que el camino que queda por recorrer es largo. “Miras hacia atrás y ves que se ha hecho mucho pero luego miras hacia delante y ves que hay muchísimo por hacer”.