La compra de bienes y la contratación de obras y servicios por parte del sector público se ha convertido en una práctica habitual, mucho más desde la aprobación de normativas sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que han obligado a muchas entidades públicas, especialmente a los ayuntamientos, a externalizar una parte importante de los servicios que venían prestando con personal funcionario. Ésto se debe a la incapacidad (legal) que en estos momentos tienen la mayoría de los organismos públicos para contratar o para crear entidades empresariales u organismos públicos.

A ello hay que añadir que la situación de crisis ha hecho que se reduzcan drásticamente los ingresos del sector estatal, provocando recortes (económicos y en derechos) y dejando a sus entidades con poca capacidad económica y financiera; es por ello que el criterio de compra y contratación pública más relevante ha venido siendo, de forma muy acusada, el precio, lo que ha supuesto una devaluación de las condiciones laborales, sociales, económicas y ambientales de los contratos, perjudicando especialmente a las personas que participan de ellos y a la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

Llegados a este punto ¿qué se puede hacer?. Desde la Economía Social y Solidaria creemos que las políticas de contratación con el Estado y sus instituciones deben ser coherentes con el resto de las políticas, especialmente con las que promueven el bienestar y la equidad social, la dignidad en el trabajo, el respeto a la negociación colectiva y a los convenios laborales, la sostenibilidad medioambiental y la cooperación y solidaridad con otros países, para hacer de la gestión algo más efectivo y eficiente. Para ello los contratos entre instituciones y entidades privadas deben estar gestionados, preferentemente, por aquellas que garanticen condiciones laborales dignas y de calidad, que aseguren la equidad de género y la inserción socio-laboral de colectivos desfavorecidos así como el desarrollo económico local, con el objetivo de prestar el mejor servicio a la ciudadanía a la vez que asegure una gestión ambientalmente sostenible. En definitiva, las Administraciones Públicas deben apostar por entidades que potencien sus objetivos sociales, económicos y ambientales para favorecer un cambio de modelo de desarrollo. Las entidades y empresas de la Economía Social y Solidaria queremos ser un aliado para prestar servicios públicos con criterios de calidad, eficiencia, sostenibilidad, equidad social y protección de los Derechos Humanos.

Para poner en práctica una Contratación Pública Responsable es necesario entender la maraña conceptual, legal y administrativa que compone un proceso de contratación pública. Por ello, a través de esta pequeña guía queremos ayudarte a identificar si un contrato incorpora, o puede incorporar, cláusulas sociales, de género, ambientales y de Comercio Justo en alguna de sus diferentes fases. Respondemos a tus principales preguntas y ejemplos prácticos.

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