Editorial del boletín 30 de Coop57

En 2006, antes del estallido de la última crisis financiera, el Relator Especial de Naciones Unidas por el Derecho a una Vivienda Adecuada señaló que los problemas más importantes para ejercer este derecho en el Estado español eran la especulación, la corrupción, el acoso inmobiliario, la escasez de vivienda pública y la vivienda vacía. Sus consecuencias ya las conocemos y sufrimos: largas listas de espera para acceder a una vivienda social; la necesidad de compartir piso; el drama de los desahucios, especialmente hoy por el impago de las rentas de alquiler, la sobreocupación, el realquiler de habitaciones, y las personas sin hogar que viven en la calle, muchas veces invisibles.

Actualmente, según estadísticas oficiales, en el Estado español 22.938 personas se encuentran en esta situación y cada 5 días muere una de ellas, y esto es solo la punta del iceberg de unas desigualdades sociales crónicas y de una problemática estructural que demuestra la vulneración sistemática del derecho a la vivienda y la dignidad humana. En el Estado español, el derecho a la vivienda ni se ha garantizado ni se ha protegido, siendo un sector basado en la especulación, el lucro y los rendimientos donde, como se demuestra a diario, no todo el mundo tiene cabida. Aunque se trate de algo tan esencial para el bienestar y la dignidad de las personas como su hogar. Las políticas de vivienda han sido claramente insuficientes para corregir los efectos negativos que las manos invisibles del mercado provocan. Y todavía más, la han fomentado, apoyado y reforzado.

El Estado se ha centrado, tradicionalmente, en el fomento de la compra de vivienda mediante, por un lado, desgravaciones fiscales generalizadas en la adquisición y, por otra, en una política pública de vivienda que ha reproducido el modelo mediante la construcción de viviendas de protección oficial de compra. Por lo tanto, se puede afirmar que la tendencia a un modelo residencial basado en la propiedad de la vivienda no es un aspecto cultural sino que ha sido promovido por las políticas públicas.

Un informe reciente explica que el precio de los pisos de segunda mano se ha incrementado un 8% en los primeros 6 meses del año en el Estado español. Este incremento corresponde, en buena medida, a voluntades especulativas ya que, un porcentaje muy importante de las compras hechas en estos seis meses son de carácter inversor y tienen voluntad especulativa. Muchas de estas operaciones han sido promovidas por inversores extranjeros que ven, en el mercado inmobiliario español actual, una buena oportunidad de negocio.

Las cifras hablan por sí solas y las consecuencias afloran pronto: una especie de nuevo tsunami especulador, silencioso e invisible. Los efectos reales de tendencias como estas se transforman en un encarecimiento artificial de los precios, poniendo barreras más altas de acceso a la vivienda para mucha gente, tanto para la compra como para el alquiler. La tensión alterada entre la oferta y la demanda provoca que los mercados sitúen sus precios de equilibrio lejos de las necesidades de la mayoría y desencadena en que mucha gente se vea abocada a situaciones de precariedad residencial. El sistema económico hegemónico mercantiliza todo lo que pueda generar excedentes y venera todo aquello que pueda añadirse a la suma del PIB para que después, maliciosa y erróneamente, se traslade a la creencia dogmática de un progreso mal entendido.

La inevitable conclusión es que bienes básicos como la vivienda tendrían que quedar al margen de la lógica inmediata del máximo beneficio. Y lo más irónico y preocupante es que todavía no hemos salido de los efectos de la última burbuja. Parece ser que los ciclos del capital especulativo no han querido aprender nada. Es el momento de cambiar, transformar y entender las realidad desde otra perspectiva.

Para subvertir este modelo residencial, Coop57 se ha propuesto apoyar experiencias prácticas que reviertan las bases del modelo establecido. Como siempre, la aportación y el valor añadido es más cualitativo que cuantitativo. Es necesario (de)mostrar que hay alternativas, que otro modelo residencial es posible y necesario. Hay que poner las necesidades residenciales de las personas en el centro de la producción, la distribución, el consumo y la financiación de la vivienda y, por lo tanto, esta tiene que ser la finalidad de un sistema de provisión residencial alternativo y transformador que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida. No solamente es un modelo teórico, son experiencias prácticas para empezar a ensayar y afrontar las dificultades y contradicciones que surgirán a lo largo del camino. Coop57 quiere apoyar iniciativas que se orienten hacia la recuperación del valor de uso de la vivienda, poniendo el énfasis en el hecho social de habitar, encuadrándose en un proceso social, político y económico centrado en la reproducción de la vida y los cuidados.

Las propuestas que Coop57 apoya, rompen y se enfrentan a un sistema basado en el régimen de propiedad privada, y propone un sistema de propiedad colectiva. Confrontan un sistema de producción de la vivienda basado en la explotación y guiado por el máximo beneficio en el menor tiempo posible, con un sistema de producción cooperativo que genere un retorno social a la comunidad. Pasar de un consumo individual y privativo a un consumo colectivo y solidario basado en el uso. Acabar con un sistema residencial fundamentado en una financiación especulativa y potenciar un sistema de financiación ético, colectivo y solidario.

Fuente: Coop57